Homenaje al marco de convivencia

Desde la calle que homenajea a Juan Carlos I Rey, precisamente el máximo garante y valedor de las normas democráticas que rigen la convivencia entre españoles, parte la calle de la Constitución, en memoria del acuerdo legal fechado en 1978 y por el que se rige en la actualidad nuestro país. Su mediano y tranquilo trayecto, tan característico de esta simpática barriada, se ve escoltado por un caserío de muy distintas hechuras. Así se combinan los modernos y vistosos edificios, con vetustas viviendas de una y dos plantas. A media altura y desde la mano derecha, surge un desvío que nos conduce a la gratificante plaza de Romero Robledo, un político al que La Bañeza debe muchos de sus logros pasados. Y acercándonos al punto último de la vía un prolongado ascenso, salvado gracias a unas escaleras, lleva a su término en el prolongado paseo del Jardín. La Constitución que nos otorgamos los españoles en 1978 representó el inicio de una nueva etapa histórica, un tiempo de libertades que dejaba atrás la cerrazón de la época franquista. Se trataba, en definitiva, de establecer un marco legal de convivencia y respeto en el que tuvieran cabida todas las personas y sus distintas ideologías. No es, naturalmente, la primera Constitución aprobada por el pueblo hispano, pues semejante honor corresponde a las Cortes de Cádiz y su primera y liberal Constitución de 1812, conocida como la Pepa , al haber sido aprobada en la festividad de San José. El texto de la primera ley fundamental española con cierto aire democrático estaba poblado de excelentes intenciones y muchas ingenuidades, y fue echado por tierra a causa de las veleidades absolutistas del nefasto Fernando VII, pese a que, en un principio, se había mostrado dispuesto a acatar el texto que elaboraron la Cortes de Cadiz. La inestabilidad decimonónica A lo largo del siglo XIX se sucederían distintas constituciones, basadas casi siempre en los vaivenes políticos del momento. Así se promulgó en 1834 una Constitución de corte aperturista, seguida en 1837 por un nuevo texto sustentado básicamente en la espada del influyente general Espartero. La de 1845 daría paso a la revolucionaría Constitución de 1869, cuando España vivió la primera primavera democrática de su larga y gloriosa historia. Una constitución fallida, a pesar de la excelente memoria histórica que ha dejado como herencia, pues el supremo texto legal debe nacer siempre en un clima de concordia política y precisa un clima de serenidad para florecer. La Constitución de 1876, que supuso el regreso al trono español de la dinastía borbónica, fue seguida, ya en el siglo XX, por la Constitución republicana de 1931. Otro experimento fracasado que nació, en palabras de Manuel Azaña, con la finalidad de «rasgar el telón de la vieja España». Sin duda un proyecto de progreso extraordinariamente nuevo, pero que nunca fue asimilado por aquella pacata España «devota de Frascuelo y de María». Un texto consensuado Después de la Guerra Civil y tras el largo y monótono paréntesis franquista, a la muerte del viejo general y la ascensión al trono de don Juan Carlos, España recobraba un sistema de libertades sustentado, lógicamente, en la Constitución, sancionada por el pueblo español en 1978. Los representantes de los distintos partidos políticos que participaron en la redacción definitiva del texto, desde los conservadores de Manuel Fraga a los comunistas, socialistas, centristas y nacionalistas vascos y catalanes, tuvieron que ceder en muchos de sus postulados hasta lograr un marco de coexistencia pública y pacífica que satisficiera a todos. De esta forma quedaron reflejados aspectos como el de las autonomías o la abolición de la pena de muerte, de carácter eminentemente progresista. En el otro lado de la balanza, la monarquía de don Juan Carlos y la bandera rojigualda pasaron a ser aspectos acatados sin discusión por todo el espectro político. La Constitución española fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, mientras que el pueblo la ratificaba en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Y es que ya en su preámbulo, la Constitución supone toda una declaración de principios de tolerancia democrática, al garantizar un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. O cuando ampara a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.