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Una petición de información de la oposición hizo cundir la idea de posibles cambios en la Alcaldía

Los rumores sobre una posible moción de censura llenan el pleno

La tirantez generada entre la alcaldesa y el portavoz del PSOE en anteriores sesiones disparó las alarmas

Publicado por
José María Campos - corresponsal | boñar
León

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Una moción presentada por Ciule, PSOE y UPL levantó la expectación en Boñar e hizo que el salón de plenos se quedase pequeño para acoger a los cientos de personas que se habían dado cita. Se había especulado sobre una moción de censura cuando en realidad se trataba de una petición para que los partidos políticos recibiesen toda información del Ayuntamiento así como los informes que fuesen surgiendo hasta el pleno. Otro de los temas que causó también expectación en el pleno es el tan traído del agua, donde una sentencia del Tribuna Superior de Justicia obliga al Ayuntamiento a restablecer la situación sobre la gestión del agua lo que implica la devolución por parte del ayuntamiento de las cantidades cobradas por los recibos del agua cuya gestión tenían que haber efectuado los pueblos y no el ayuntamiento. Una alegación presentada por el concejal de la UPL, Atanasio Llamazares y apoyada por Ciule y PSOE dilata e impide la devolución del dinero, según puntualizaba la alcaldesa, Virginia Blasco. El portavoz socialista, Antonio Alonso, recordaba que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es ejecutar la sentencia y dejarse de interpretaciones. Para IU no hay lugar a la reclamación dado que todos los partidos votaron en un pleno a favor del cumplimiento de la sentencia y que lo que hace ahora la UPL es intentar «colar» una contra propuesta. Otro de los temas tratados fue el convenio que va a firmar el Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Duero para el aprovechamiento de pastos extra embalse del Porma. Para el PSOE el pliego de condiciones de ejecución de pastos debe de estar consensuado por los todos los partidos políticos y se tendrá que controlar el censo de los ganaderos distinguiendo entre censados y residentes. Tras ese convenio el control y subasta de los pastos pasará a manos del Ayuntamiento quien tendrá que abonar a Confederación unos 25.000 euros.