MSP confirma que el Ayuntamiento sólo ha paralizado una escombrera ya restaurada en el Feixolín

La empresa MSP ha confirmado que el decreto de la alcaldía para la paralización de actividad en la explotación a cielo abierto de Fonfría, propiedad de esta compañía minera, no afecta a ninguna de las explotaciones que mantiene en actividad en la zona, y las 54,5 Has afectadas por el decreto corresponden a una zona «completamente restaurada desde hace años». La Minero ha presentado un recurso de reposición contra la medida adoptada por el alcalde Ángel Crespo, donde asegura además, que posee todas las licencias para poder explotar a cielo abierto en esta zona, y advierte que se reserva la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el regidor lacianiego, por un supuesto delito de prevaricación, además de aquellas medidas que «sean pertinentes», por los daños que puedan causarse a la empresa. MSP también califica de «aberración, que un ayuntamiento desconozca la concesión de una licencia que él mismo ha otorgado», y asegura que este permiso le fue otorgado en comisión de gobierno de 16 de marzo de 1.999, como complemento a otra de 27 de octubre de 1.995. Pero además, la compañía minera asegura que el terreno paralizado «se encuentra modélicamente restaurado y constituye una extensa pradera aprovechable por el ganado doméstico, y por supuesto, por toda clase de fauna silvestre». Sin actividad minera Según se afirma en el recurso de reposición, «el cúmulo de sinrazones e ignorancia jurídica contenidas en el decreto, llevan a ese Ayuntamiento a la absurda e inútil conclusión de proceder, como medida cautelar, a la paralización o suspensión inmediata de una zona en la que no existe ningún tipo de actividad minera, por estar actualmente totalmente restaurado el vertedero de estériles». De igual manera, MSP afirma que la medida adoptada por el alcalde carece de fundamentos jurídicos, y resalta que «con una rigurosa aplicación de la ley de Urbanismo, como pretende ese Ayuntamiento, los hechos por los que se pretende sancionar están ya prescritos por el transcurso del plazo legalmente establecido, puesto que hablamos de unos hechos que se remontan a 1.995». En este mismo apartado tambien se preguntan porqué «existiendo en el término municipal innumerables chabolos, tendejones y cabañas que dañan y atentan contra el ornato público y producen un evidente y desagradable impacto ambiental, no se les aplique el mismo tratamiento legal que se pretende aplicar a las instalaciones de esta sociedad, lo que significa una evidente existencia de un ánimo o intencionalidad subyacente en contra de MSP». Sobre el intento de involucrar a otras administraciones en este asunto, se advierte que «cualquier persona preocupada sinceramente por los intereses de los lacianiegos, debería considerar esta actitud disparatada e irresponsable, aunque no tuviera representación pública y solo tuviera sentido común».