La alcaldesa no estima materia de pleno una denuncia por malversar

La alcaldesa de Soto de la Vega, Raquel Fernández, del PP, considera que no es tema de pleno el que el concejal de Obras y Urbanismo de su equipo de gobierno, Felipe Miguélez, dé explicaciones al pleno sobre la denuncia que pesa en su contra por una supuesta malversación de fondos, que ocurrió durante la pasada legislatura, cuando el citado edil ocupaba el cargo de presidente de la Junta Vecinal de Huerga de Garaballes. Así consta en un escrito que firma la regidora, tras la petición del concejal de la UPL, Lorenzo Callejo, de que se incluyera en el orden del día del pleno celebrado la semana pasada un punto relativo a la denuncia, que formuló el presidente de Huerga, del PP, a instancias de un concejo abierto celebrado en el pasado mes de diciembre. El portavoz leonesista había solicitado «que se incluya en el orden del día del próximo pleno la urgente petición a dicho concejal de las pertinentes explicaciones como deber implícito para esta corporación y para la continuidad en el mismo», a lo que la alcaldesa popular responde, en un escrito firmado el 31 de marzo, día anterior a la celebración de la sesión, que la solicitud no se ajusta a lo que disponen «las leyes vigentes e materia de Régimen Local y del Reglamento de Régimen de Organización, Funicionamiento y Régimen Jurídico» de las administraciones locales, porque, considera Raquel Fernández, «el análisis del abanico de competencia municipal no recoge en ningún caso el conocimiento de cuestiones judiciales». Del mismo modo, la Alcaldía de Soto de la Vega niega la petición leonesista porque «la inclusión de un asunto en el orden del día exige la tramitación de un expediente administrativo tendente a alcanzar un acuerdo, en sentido positivo o negativo, y en todo caso un fin resolutorio del mismo. Como es obvio, ningún acuerdo municipal puede adoptarse sobre una cuestión judicial, sea civil o penal, y, como es obvio, en ningún caso, cuando se encuentra en estado de tramitación». Por último, Fernández se acoge a jurisprudencia del Supremo para desestimar la petición. Pleno extraordinario De esta manera, tras celebrarse la sesión ordinaria en la noche del jueves sin que se incluyeran las explicaciones del concejal denunciado, cuyo caso aún se encuentra en la tramitación de diligencias previas, de cuyo resultado depende que se siga o no una causa en su contra por una supuesta malversación de fondos públicos, los concejales de la UPL y el PSOE solicitaron el pasado lunes, tal y como habían anunciado, un pleno extraordinario al considerar que el concejal Felipe Miguélez «se encuentra inmerso en un proceso judicial por el que se le imputa un delito grave de apropiación indebida de fondo públicos, concerniente a su gestión como presidente de Huerga de Garaballes, perteneciente a este municipio y, por tanto, competencia de este Ayuntamiento», por lo que exigen «las aclaraciones pertinentes por respeto a esta corporación» y dejan constancia de que «la Justicia obrará en consecuencia y a su veredicto nos atendremos» y exigen al PP que «se posicione ante los hechos que concurren en estos momentos, al estar en juego la gobernabilidad de este Ayuntamiento, pues consideramos que puede verse alterada por fallo judicial». Los ediles socialistas (tres) y leonesista (uno) estiman que la inhabilitación para cargo público de Felipe Miguélez podría suponer un cambio en el gobierno municipal, según se desprende de su petición.