Preguntas peligrosas

QUERIDO hermano: Voy a intentarlo; a ver si en una sola entrega soy capaz de aclararte la turbidez administrativa que se huele en el caso, del que hace tiempo tenía ganas de informarte; es laberíntico y kafkiano; fíjate que han pasado quince años y, todavía, está sin resolver, ni por los servicios de Sanidad y Bienestar Social, ni por la vía administrativa y judicial de esta autonomía que se llama de Castilla y León. Andábamos por el 12 de diciembre de 1989 cuando la Junta paralizó ciertas mercancías congeladas a un industrial astorgano, con el acarreo de gravísimos perjuicios económicos y morales. Y así comienza el calvario, pues hubo de pasar año y medio para que se dictara -febrero del 91- un informe certificando que las muestras analizadas cumplían la normativa vigente; hecho que no se notificó al encausado hasta abril de 1993. Lo más curioso de este rocambolesco embrollo, hermano, es que a fecha de hoy, después de tres lustros, el empresario sigue esperando que se proceda y se le efectúen los cargos correspondientes del hecho del que se le acusa. Por supuesto que, pasado cierto tiempo, al ser mercancías perecederas hubieron de ser destruidas; la pérdida, naturalmente, recayó en el empresario. Claro está, - porque veo tu cara de asombro te aclaro- que hubo reclamaciones judiciales, con sentencias que eximían a la Junta de Castilla y León. Así que el empresario astorgano busca el amparo de la única institución que en aquel momento podía poner algo de luz al asunto, como es el Procurador del Común de la comunidad. Con lo cual deambulamos los pasillos por el año 1995, y al parecer el procurador no encontró suficiente materia para remitir el expediente al Ministerio Fiscal. Todo lo cual obliga a nuestro hombre a buscar el amparo del Defensor del Pueblo donde, en estos momentos se encuentra el expediente, si es que no se le ha dado carpetazo, que hace semanas no hablo con el afectado. Ello es, hermano, que nos encontramos ante un caso más que inusual, obscuro, lleno de recovecos cruzándose intereses económicos y políticos de forma tal que enredada la madeja no hay cristo que quiera, o sepa, agarrar el hilo. Un caso tan insólito que admite una enorme batería de preguntas y que plantea un cúmulo de dudas en cuanto se refiere al funcionamiento de algunos organismos. ¿Cómo es posible que, después de tantos años, no se hayan presentado cargos contra el presunto infractor? Con aquella mercancía, ¿atentaba, o no, contra la salud pública? ¿Infringió las leyes de Sanidad? ¿Por qué se demoró año y medio la toma de muestras y análisis de las mismas? ¿Por qué, pasados dos años, se procede a la destrucción de la mercancía y, paradójicamente, se comunica al presunto infractor -estoy viendo un certificado oficial de la Junta con fecha 20 de abril de 1993- «que todas las muestras cumplían la normativa vigente respecto a los parámetros analizados»? ¿ Y si las mercancías cumplían las normativas por qué se destruyeron? Y uno, tal vez ingenuo, se pregunta; ¿no hubiera sido, entonces aunque tarde, el momento de rectificar una acción que se antoja desmedida? Si la mercancía cumplía «la normativa vigente» ¿ por qué la negativa del Procurador del Común a remitir el expediente a la fiscalía? ¿Quiénes y cuántos están involucrados en un asunto tan feo y turbio y qué intereses se encierran? ¿Habrá alguna institución capaz de resolverlo? Y la última ¿quiénes han heredado los servicios de suministro que realizaba este industrial astorgano? Las preguntas a veces son peligrosas; como ciertas mercancías.