La memoria histórica de todos

El carácter público del patrimonio que representa la memoria histórica de una época tan delicada como la que comprende la Guerra Civil Española y la posguerra fue uno de los temas centrales que trataron ayer los representantes de los grupos vinculados a la recuperación de la memoria histórica en el pozo Grajero de Lario, presentes durante el tercer aniversario del sellado de la sima y de la colocación de la placa conmemorativa en honor de los represaliados por el régimen franquista que convocó la Agrupación Grajero. Según explicó el portavoz de los grupos allí reunidos, Julián Morante, una de las preocupaciones principales de estos colectivos es que el patrimonio que supone lo ocurrido en esa época no se deje exclusivamente en manos de colectivos privados, instando a las administraciones a protagonizar las investigaciones de manera que éstas adquieran la adecuada trascendencia pública e imparcial. «Es necesario que se trabaje con rigor histórico, vinculando a entidades públicas como las universidades, evitando que esto se convierta en un juego de intereses partidistas o en moneda de lucro editorial», manifestó Morante. Vincular a Zapatero Durante la reunión de ayer, a la que asistieron representantes de la Asociación Guerra y Exilio (AGE), Caídos por la Libertad, de la Región de Murcia y de otros colectivos vinculados a la recuperación de la memoria histórica, familiares de represaliados e investigadores del tema, los participantes acordaron solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del que esperan encontrar el talante y la sensibilidad propios de una persona cuyo abuelo fue represaliado duante la guerra, apareciendo una inscripción con su nombre en una trinchera del Alto de Aralla defendida por anarquistas leoneses, donde se materializó el homenaje. Para Julián Morante, este aspecto es fundamental en un asunto donde el lado humano, además del político, tiene una gran relevancia. «Visto el talante mostrado por Zapatero en el homenaje realizado en Aralla a su abuelo, el capitán Lozano, quien consiguió que su nombre fuera vindicado, esperamos que el ahora presidente tome cartas en el asunto para que se pueda hacer lo propio con la causa que defendieron aquellos que murieron defendiendo la legalidad», manifestó. El interés de otros países Morante también quiso transmitir la sensación de astío que produce a los familiares de las víctimas del franquismo ver que en otros países como Israel, Francia o Italia se demuestra un interés especial por lo que supuso la defensa de la República y la Guerra Civil, siendo motivo permanete de estudios y homenajes financiados por las instituciones públicas, mientras que en España los escasos homenajes realizados se costean «a escote» entre los familiares de las víctimas quedando la investigación también en manos privadas. «Parece que en España no se ha producido tadavía la transición a la democracia y las administraciones dejan translucir a veces unos gestos que fuera de nuestras fronteras son vistos como complejos derivados de los restos de la época franquista», manifestó Julián Morante. Otro mensaje que se transmitió por parte de los organizadores del homenaje es la idea de que sus actuaciones no tienen nada que ver con la nostalgia, sino con la justicia que se debe esperar, en un Estado democrático y de derecho, de la reinstauración de la dignidad de aquellos que lucharon por una democracia legítima.