El Ayuntamiento debe cumplir la sentencia del agua antes de diez días

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha requerido personalmente a la alcaldesa del Ayuntamiento de Boñar, Virginia Blasco, el cumplimiento íntegro de la sentencia del agua, debiendo remitir a este tribunal una certificación acreditativa de las resoluciones dictadas y de las actuaciones practicadas para llevar a efecto el cumplimiento. Para ello, establece un plazo máximo de diez días. En caso contrario, se le procederán a imponer sucesivas multas coercitivas de 600 euros e, incluso, se le exigirán las posibles responsabilidades penales que pudiera corresponderle si incumple la sentencia. La ejecución de la resolución judicial fue aprobada hace ya un año por todos los partidos políticos en un pleno del Ayuntamiento. Además, en una de las últimas sesiones, Virginia Blasco respondió a una pregunta del portavoz de IU, Aquilino Castro, sobre el pago de las cantidades del agua, ya que se había solicitado a la Diputación el padrón de los pueblos afectados para establecer a quiénes hay que pagar y qué cantidades les corresponde. Ante la falta de solución a esta sentencia, el Tribunal Superior ha dado el último plazo de diez días al Ayuntamiento de Boñar y concretamente a su alcaldesa. Una lucha desde 1995 Los hechos se remontan a noviembre de 1995, cuando el Ayuntamiento aprobó una modificación de ordenanzas fiscales sobre el agua y el alcantarillado que obligó a los pueblos de Felechas, Llama, Colle, Voznuevo, Veneros y Las Bodas a que dejasen de llevar la gestión del agua, a través de sus juntas vecinales, y ésta pasase a manos municipales. Los pueblos decidieron presentar una demanda contra el acuerdo del Ayuntamiento que entró en vigor en 1997. Justicia dio la razón a los vecinos en una sentencia del 30 de mayo del 2001 y el pleno municipal de junio de ese año acuerdó acatar la sentencia y no recurrirla. Los afectados Desde entonces, los vecinos llevan esperando el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la sentencia. Algunos de los afectados habían realizado informes en los que se recogían los 148 perjudicados: 51 de Felechas, 37 de Llama, 23 de Colle y 37 más que poseen vivienda en estos tres pueblos, pero que residen en la capital leonesa. Además, cuantifican en 74.800 euros el importe que debe devolver el Ayuntamiento de Boñar a estos vecinos afectados. Otra de las polémicas ha sido si Voznuevo y Veneros se ven afectados por la sentencia. Para IU, sí, mientras que hay quien considera que sólo se refiere a Felechas, Llama y Colle, algo que deberá de resolver el Ayuntamiento.