El ex pedáneo de Tabuyo pidió ayuda al cuartel, pero le dijeron estar ocupados

La vista oral de ayer fue la más breve de las cuatro celebradas hasta el momento en el Tribunal Militar Central de Madrid, para esclarecer si el comportamiento de los dos militares imputados en relación al incendio de los pinares de Tabuyo, que acabó con tres mil hectáreas de campo y pino calcinadas, fue negligente o imprudente en algún momento del desarrollo de las maniobras militares. Una vez que ya pasaron por la sala los testigos clave del caso, la jornada de ayer sirvió para recabar los últimos testimonios, un día antes de que se efectúe la lectura de conclusiones y que cada una de las partes exponga su versión de lo ocurrido durante la mañana del 13 de septiembre de 1998. Uno de los encargados de comparecer fue el que era presidente de la junta vecinal de Tabuyo del Monte, Toribio Fernández, ahora jubilado. El expedáneo relató lo que vio e hizo durante los momentos inmediatamente anteriores y posteriores al brote de las llamas. «Cuando me dirigía a misa de doce vi el humo que salía del campo de tiro, e hice dos llamadas. La primera a la casa forestal, y la segunda al cuartel de Astorga. Entonces mandé a los militares que saliesen, que mandasen a la tropa, pero me respondieron que estaban ocupados», declaró. Una vez más, todos los testigos interrogados sobre las condiciones climatológicas de aquella mañana coinciden en destacar la fuerza con que soplaba el viento. Aunque no existe ningún testigo ni prueba constatada que revele la velocidad del viento en el momento y el lugar del disparo del misil, cada uno describió sus impresiones con sus propias palabras. «Noventa kilómetros por hora» «Mi anemómetro de mano marcaba a medio día 90 kilómetros por hora», señaló un piloto de helicópteros que sobrevoló la zona del fuego una hora y cuarto después de que se originase, añadiendo: «Ya dábamos la campaña contra incendios por cerrada porque no había condiciones». Otro piloto cifró la velocidad «entre 70 y 80 kilómetros por hora» cuando las llamas ya habían alcanzado el pinar. «Era un día malo para cazar, así que me extrañó que estuviesen haciendo pruebas de tiro», aseguró por último un jubilado que estaba de batida. El último en testificar fue J.R.G., dueño de una finca que fue parcialmente calcinada y que estaba dedicada a la explotación cinegética y al turismo rural, por lo que reclamó en su día al Ministerio de Defensa la indemnización correspondiente a un perjuicio económico cercano a 22,5 millones de euros. Finalmente, Defensa desestimó esta cantidad y le concedió una mucho menor alegando que «había inflado los daños y que quería cobrar por ganancias futuras».El abogado del Estado argumentó además que ya había aceptado esa compensación en el pasado, lo que cerraba la cuestión. Mañana por la mañana el proceso quedará visto para sentencia.