La acusación alega que las normas del campo de tiro fueron vulneradas

Ayer quedó visto para sentencia el proceso que comenzó el pasado lunes en el Tribunal Militar Central de Madrid y que cuenta con dos militares imputados por presunta negligencia o imprudencia en el servicio, a consecuencia de unas maniobras en el campo de tiro del Teleno y que finalizaron con cerca de 3.000 hectáreas de bosque calcinadas en septiembre de 1998. Los abogados de ambas partes tuvieron la ocasión de presentar su versión de los hechos a lo largo de la jornada más intensa, de siete horas, una vez que ya han pasado por el tribunal todos los testigos y pruebas periciales a lo largo de los cuatro últimos días. Ayer fue realmente cuando se pusieron de manifiesto todas las discrepancias que rodean a un juicio que se ha demorado seis años por conflictos de jurisdicción. Los letrados de la acusación -el fiscal jurídico-militar, el abogado que representa a Luyego de Somoza y la junta vecinal de Tabuyo, el de la sociedad mercantil Castro Villar y la letrada de la Junta- centraron su acusación en las obligaciones, presuntamente incumplidas, que tenían J. B. J. y J. M. R. de «advertir el peligro antes de que éste se produjese» y «reaccionar consecuentemente con este riesgo». Los cuatro trataron de demostrarlo mediante una larga exposición cronológica de los hechos, apoyada por un argumento común: la normativa del campo fue vulnerada y el disparo de misil imprudentemente ordenado. Largo proceso Por eso, la parte acusatoria al completo se ratificó en el informe de conclusiones fruto de otras etapas de este largo proceso e insistieron en la responsabilidad civil de los dos imputados y la subsidiaria del Estado, para el que piden compensaciones por los daños causados y para sufragar la recuperación de los montes afectados. Unánimemente reclamaron seis meses de prisión para los imputados. La defensa -integrada por el representante de J. B. J. y J. M. R. y por el abogado del Estado- hizo causa común para exculpar a sus defendidos de cualquier responsabilidad civil, y al Estado de la obligación de abonar más fondos. El abogado defensor argumentó que la decisión de utilizar el campo de tiro para ejercicios de fuego real durante la semana del 13 de septiembre de 1998 partió del Madoc (Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército) y que, «en caso de haber existido condiciones adversas para estas maniobras, un militar obedece a la cadena de mando y no puede desobedecer órdenes así como así». «Rechazamos cualquier presunta inobservancia de las normas», aseguró el defensor, remitiendo al testimonio del antiguo jefe del campo, quien afirmó que uno de los acusados -el que dirigía la unidad- «cumplió escrupulosamente la normativa antes, durante y después del ejercicio», añadiendo que la comandancia tenía conocimiento del uso concreto de misiles. Según el defensor, «las normas prevén la paralizaciónde las maniobras sólo cuando el incendio sale de la zona de tiro».