El Estado rechaza aumentar la indemnización a los afectados

El letrado que representa al Estado trató de demostrar la veracidad de tres argumentos: que la responsabilidad civil ya ha sido ejecutada -es decir, que el Estado ya se ha hecho cargo de las indemnizaciones y que éstas ya han sido cobradas-, que no existe responsabilidad penal en el comportamiento de los dos imputados -por lo que rechaza la pena de seis meses de prisión- y, por último, que cualquier otra responsabilidad que reclame la acusación es improcedente. Según defendió, el Ministerio de Defensa realizó un expediente de daños «en sólo nueve meses, para correr con el cien por cien de las reparaciones». Este documento cifró en más de 72 millones de euros estos daños, que «ya han sido cobrados». Por eso, «a nuestro juicio, la condena a J. B. J. y a J. M. R. es improcedente. Lo que se pretende es cobrar más», afirmó, «pero nosotros insistimos en que la responsabilidad civil que quiere cobrar tanto el Ayuntamiento de Luyego como la sociedad mercantil Castro Villar ya ha sido ejecutada y completamente cerrada». En el caso de Castro Villar, añadió «no saber muy bien qué es lo que pide, porque esta parte entiende que ya aceptó las compensaciones que ofreció el Estado por daños sufridos -menos de una décima parte de lo reclamado-. A esto sumó que «aunque pida una compensación por las mejoras y acondicionamiento que el titular de la empresa dice haber realizado, en la documentación presentada sólo figura la aprobación de estos proyectos, pero no demuestra que hayan sido ejecutados».