La Subdelegación recuerda a Blasco que es ilegal no facilitar datos a IU

El portavoz del IU en el Ayuntamiento de Boñar, Aquilino Castro, presentó un recurso ante la Subdelegación de Gobierno ante la negativa de la alcaldesa, Virginia Blasco, de facilitarle documentación. Castro consideró que se estaba coartando el derecho que tiene como concejal a conocer información y documentación municipal. El subdelegado del Gobierno, Francisco Álvarez, ha contestado al concejal de IU dándole la razón según diversos artículos y leyes tanto de la Constitución como del reglamento jurídico de la entidades locales. La Subdelegación recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 27 de junio de 1988, señala que para el ejercicio de las funciones de concejal se requiere tener conocimiento de los asuntos a tratar por los organismos representativos, «y este conocimiento se obtiene mediante el acceso a los datos e informaciones que obran en los mismos». Indica también que el reglamento de las entidades locales dice que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias o certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales, así como a consultar los archivos y registros. «Lógicamente este derecho de todo ciudadano alcanza a los concejales con más motivo que a cualquier otro, ya que son ciudadanos que disponen de los derechos de acceso a los documentación e información que son comunes al conjunto de los ciudadanos». Respecto a la argumentación de la alcaldesa de Boñar de que el suministro de la información al concejal podría producir una absoluta paralización de los servicios administrativos municipales, el subdelegado del gobierno contesta con otra sentencia de la sala de lo Penal de Tribunal Supremo, de 1996. «En un sistema democrático, la oposición puede ser y de hecho debe ser molesta para quien ejerce el poder, al realizar sus labores de control, pero ello no legitima la utilización abusiva de las facultades de gobierno para entorpecer y obstaculizar su función», apunta la resolución.