Una medida aún polémica

El Boletín Oficial del Estado ( BOE ) número 46, del 23 de febrero de 1981, aprobaba la expropiación forzosa de terrenos para la creación del campo de tiro, de la que hoy se cumplen 24 años. La medida, que afectó a 6.100 hectáreas de suelo, de las que 5.481 corresponden a la zona de caída de proyectiles -según datos del Ministerio de Defensa-, desató en la comarca una fuerte oposición ciudadana que se materializó en dimisiones de los alcaldes y pedáneos que desaprobaban esta actuación y en multitudinarias manifestaciones, que en algún caso llegaron a reunir a cinco mil asistentes. Los opositores a la expropiación trataron de detenerla, pero sin resultado positivo, pese al hecho de que la publicación de la medida en el BOE el mismo día del golpe de Estado, en el que la atención del país pendía de los sucesos del Congreso de los Diputados, amortiguó las reacciones durante los primeros momentos. Los propietarios de las fincas afectadas, juntas vecinales y particulares, cobraron 16 pesetas de las de entonces por metro cuadrado, en total unos mil millones, según datos facilitados por la plataforma que reclama el desmantelamiento del recinto militar, que pasa por ser el único discontinuo de Europa. Esta entidad ha denunciado innumerables incidentes y accidentes relacionados con la utilización de las instalaciones por el ejército, entre las que destacan el fallecimiento en 1985 de un vecino al manipular un proyectil en Priaranza, o el incendio de varios miles de hectáreas de monte en 1998 por el que aún está pendiente de aclarar la responsabilidad de dos mandos militares.