El ex alcalde cobrará 30.000 euros de la concejala que le denunció

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Valladolid ha condenado a Sagrario García Carrecedo, ex concejala en el Ayuntamiento de San Esteban de Nogales, por una «intromisión ilegítima en el derecho al honor de Benedicto Francisco Ferrero Pérez», que fue alcalde del citado municipio durante la pasada legislatura, al asegurar ésta, en un concejo abierto celebrado el 25 de agosto del 2001 y ante unas 300 personas, «que lo sepa todo el pueblo, que el señor alcalde me acosa sexualmente». La sentencia, firmada por el magistrado Ángel González Carvajal el 17 de marzo y notificada cuatro días después a las partes, obliga a la ex concejala -que inició un proceso penal contra el regidor por supuesto acoso sexual en el verano del 2002- a pagar a Benedicto Ferrero una indemnización de 30.050,60 euros «por los daños morales causados» contra el honor de éste, así como «a la difusión a su costa del encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia, en el medio de comunicación escrito de ámbito provincial de León que designe el demandante». La sentencia relata que la demanda del ex alcalde de San Esteban de Nogales contra Sagrario García Carracedo, que fue miembro de su equipo de gobierno, se produjo el 12 de marzo del 2002, solicitando como indemnización por los daños causados por derecho al honor la misma cantidad de dinero que, finalmente, otorgó el titular del juzgado. Sin embargo, la causa se suspendió en diferentes ocasiones «a instancia de las partes». Por último se citó a las partes el 23 de noviembre del año pasado y el letrado del Benedicto Ferrero introdujo como hecho nuevo en el procedimiento el procedimiento penal que se siguió en el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Bañeza, que fue sobreseído. La representación legal del ex alcalde incrementó su solicitud de indemnización a 90.141,82 euros. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó condena para la demandada por vulneración del derecho al honor. El juicio se celebró el pasado 2 de marzo. «Ante sus conciudadanos» En la sentencia, además de un pormenorizado relato de los hechos, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Valladolid supone que «la imputación de un hecho delictivo -el acoso sexual al que Sagrario García aseguró que le sometía el alcalde- supone un quebranto manifiesto al derecho al honor del imputado, que resultó gravemente desprestigiado y difamado ante sus conciudadanos», ya que el juez tiene en cuenta que ésta imputación se realiza «durante el desarrollo de un concejo público, en un municipio de unos 400 habitantes, y al que habían concurrido unas 300 personas». El juez destaca que «ha de significarse que la demandada realiza por primera vez la imputación de acoso sexual en el concejo a raíz de su cese como miembro del equipo de gobierno y tesorera, adoptado por el alcalde por unas irregularidades en el pago de facturas».