«La Junta podría tomar medidas transitorias» «La cuestión depende de la voluntad de los políticos» «La ley debería de estar aprobada en mayo» UPA solicita a la administración que escuche al sector antes de legislar

Javier Lasarte, secretario ejecutivo de estudios, formación y documentación del PP de León, lamentó la situación que se ha producido en torno a la sentencia que obliga al cierre de una granja en la localidad de Villahibiera y anunció el esfuerzo del partido que gobierna en la autonomía para tratar de solucionar el conflicto de la forma menos lesiva para el sector ganadero de León. «En este caso, como en otras actividades de la vida la realidad va por un lado y las norma por el otro; eso es lo que queremos tratar de conciliar desde el PP, como ya hemos impulsado con la presentación de la moción para desarrollar una ley que dé amparo a la actual situación de las granjas en los pueblos». En tanto llega a aplicarse esa ley, Lasarte anunció que la Junta tomará medidas transitorias desde el punto de vista normativo para tratar de dar soluciones a la actividad que desarrollan los titulares de estas explotaciones. «A nosotros nos preocupa la situación porque son muchos los productores afectados», concluyó Lasarte. Ugal pide al PP, o a la Junta, que «saque adelante de inmediato la ley» que regule la situación secular de las explotaciones ganaderas dentro de los pueblos leoneses. La situación, que según Matías Llorente, secretario general de este sindicato leonés, deriva de un avance de la cultura urbana frente a la regresión de la cultura rural, está pendiente de voluntad política. «La que tengan los gobernantes con competencias legislativas para impulsar la ley que recoja las inquietudes de todos los sectores implicados, especialmente el de los ganaderos. Ahora no podemos echar todas las explotaciones fuera de los pueblos; hace falta garantía legal para sostener la actividad. Al menos, de quien ahora es titular». Llorente recordó que la presencia de estas explotaciones en los pueblos es muy anterior a la urgencia urbanita que ahora salpica todas las actuaciones políticas. La postura de Ugal ante el proceso legislativo que se anuncia se concreta con la detención de los expedientes abiertos y la solución inmediata del conflicto que no creó el sector. Coag de Castilla y León reclamó agilidad en la tramitación de la proposición de ley popular para legalizar las granjas situadas en los cascos urbanos de la región, y abogó porque se tramite por lectura única para que pueda estar probada en mayo. Coag se reunió con el grupo parlamentario del PP, proponente de la proposición de ley, para explicarle algunas mejoras, aunque en líneas generales la iniciativa legislativa popular «es bastante aceptable» y ahora lo prioritario es agilizar su tramitación. Para la Coag, urge «poner la ley en marcha, tras dos años de espera». Esta organización agraria se reunirá con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que envíe una circular a todos los ayuntamientos de la comunidad reclamando especial sensibilidad en esta materia. La organización agraria ha valorado que la propuesta del PP incluya la paralización de los expedientes sancionadores y procedimientos administrativos abiertos una vez que se solicite el proceso para legalizar la ubicación que tienen desde hace muchísimos años. La organización agraria UPA ha solicitado a la administración autonómica que ante la inminente regularización de las explotaciones ganaderas que quedará recogida en una normativa escuche las alegaciones del sector productor y que además paralice de forma inmediata todo expediente sancionador abierto hasta la fecha. UPA considera que la Administración debe escuchar las condiciones del sector y dar salida a una normativa que permita la actividad profesional de miles de ganaderos de nuestra región que ahora mismo se encuentran bajo la amenaza sancionadora de la Junta de Castilla y León. En cuanto al contenido de la propuesta en sí, UPA considera que a pesar del avance que se ha producido «aún es insuficiente, por lo que hemos presentado una serie de alegaciones para mejorar la normativa y defender los intereses de la mayoría de ganaderos», anunció esta organización través de un comunicado de prensa. Para UPA, el límite fijado para que los ganaderos tengan derecho a solicitar la regularización y que se sitúa en 2.500 habitantes no debe ser inferior a poblaciones de 5.000 habitantes. Considera fundamental que se incremente el número de UGM en porcino y ovino, y así proponemos las siguientes: Bovino y equino (180 UGM y no 100 como viene en la propuesta), ovino y caprino (150 frente a las 100 propuestas).