Un socio del matadero acusa de fraude de ley a los administradores

Carlos de la Fuente, empresario del sector cárnico y socio del Matadero Frigorífico Comarcal (Mafricas) de Astorga, presentó ayer las conclusiones de un informe jurídico sobre la gestión de dicha entidad. Según el estudio, «los administradores (de la empresa) han modificado de facto los estatutos sociales sin seguir el procedimiento establecido, incurriendo por tanto y teniendo en cuenta el carácter y la finalidad de la sociedad, en un fraude de ley». El documento, fechado el 29 de julio del 2004, considera que la administración del matadero habría «actuado negligentemente en el ejercicio de sus funciones, pues la venta de canales/carne es actividad distinta a la estatutariamente prevista -sacrificio-, entendiendo éste como servicio esencial». El informe alude a la citada actividad comercial, que el matadero habría realizado en el año 2001, y que de la Fuente tachó ayer de «supuestamente ilegal». En este sentido, el informe jurídico señala que «el objeto social de la sociedad es facilitar a los vecinos de la comarca un centro de sacrificio de animales» y no la comercialización de carne. El estudio, encargado por el propio de la Fuente a un abogado externo y basado en la documentación de la que él dispone como socio, según señaló, añade que la mencionada comercialización habría provocado a la empresa un perjuicio, en forma de cantidades no cobradas, «que en el ejercicio del 2001 implica en el apartado Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables, como variación de la provisión para insolvencias, un importe de 481.003,67 euros». «Para intentar compensar» En este sentido, de la Fuente indicó ayer que «el impagado generado por la supuesta ilegalidad de la administración de Mafricas es del tamaño del 20,6% del presupuesto de inversión para el año 2005 del Ayuntamiento de Astorga». Además, consideró que la empresa, participada por el Ayuntamiento, habría incurrido en la citada actividad «para intentar compensar una disminución aproximada del 60% de los ingresos del matadero debido a la marcha de A.C. de la Fuente», compañía de su propiedad. Mientras, el informe jurídico destaca que la Ley de Sociedades Anónimas «establece el principio general de responsabilidad de los administradores, los cuales responderán frente a la propia sociedad, los accionistas y los acreedores sociales del daño que causen» entre otros «por actos contrarios a los estatutos sociales». Por su parte, el edil de Industria Luis Álvarez declinó ayer realizar valoración alguna respecto a las declaraciones del empresario.