El Estado reprueba que Luyego desee más dinero por los daños

El abogado del Estado se opuso también al recurso de casación presentado contra la absolución de los dos militares, y reprochó a la representación procesal del Ayuntamiento de Luyego y la junta vecinal de Tabuyo del Monte que aspire a nuevas indemnizaciones por los daños causados por el incendio del 13 de septiembre de 1998. En su escrito de impugnación del citado recurso el letrado señaló: «No parece demasiado aventurado conjeturar que el proceso penal se está utilizando en los presentes autos como una especie de vía espuria para revisar pronunciamientos firmes dictados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo», en referencia a la pretensión indemnizatoria de la parte procesal arriba citada. Así, el abogado estimó que dicha pretensión «ha sido resuelta» por el alto tribunal «y no puede esgrimirse la misma pretensión indemnizatoria ni ante la sala segunda ni ante la sala quinta del mismo supremo órgano jurisdiccional». Responsabilidad penal El letrado añadió que «no puede argüirse de que por tratarse de una responsabilidad penal fuese mayor los daños de los que el causante o responsable civil subsidiario tuviese que responder». Por el contrario, «la responsabilidad exigible en todo caso a las administraciones públicas [...] se concibe en términos objetivos en función única y exclusivamente del daño causado y de que la causa de este daño sea una actividad de la Administración». El abogado consideró, al contrario que el fiscal, que no se ha planteado «en modo alguno la concurrencia de fuerza mayor, lo que sería incompatible con la existencia de un delito o falta penal».