Un largo y árido proceso
El escándalo comenzó con una denuncia de la alcaldesa pedánea en el año 1996
El caso de la estafa del oro tuvo su origen en 1993, cuando la junta vecinal de Quintanilla de Somoza realizó tres inversiones, por valor de 15.960.000, 68.400.000 y 59.280.000 pesetas de entonces para la compra en depósitos de oro de 24 kilates, con una duración de doce meses cada uno. El dinero procedía del pago de las expropiaciones de los terrenos del campo de tiro de El Teleno, y las operaciones fueron suscritas los días 11 de agosto, 10 de septiembre y 21 de octubre de 1993. La Audiencia Nacional consideró probado que Jacinto González, a través de Antonio Nistal y de Justo Botas -entonces secretario de la junta vecinal de Quintanilla de Somoza, que operaba como gestor y asesor de inversiones en León- logró contactar con dos miembros de esta pedanía. Estos intervinieron en la adopción de los acuerdos necesarios para que el pueblo pusiera en manos del cerebro de la trama las cantidades antes citadas. Cuando se cumplieron los plazos de cada vencimiento, Jacinto González no devolvió las sumas de dinero mencionadas a la pedanía, y abonó exclusivamente, de forma parcial, los intereses pactados, hasta alcanzar los 24.783.733 de las antiguas pesetas. La nueva junta vecinal resultante de las elecciones municipales de 1995, que presidió María Luz Fernández, presentó una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de León el 3 de enero de 1996, después de conocer informes técnicos municipales y provinciales que advertían de la posible ilegalidad de la inversión. El fraude causó una honda conmoción entre los vecinos de Quintanilla. La situación derivó en una cascada de denuncias de afectados procedentes de una veintena de provincias españolas, y el perjuicio total causado por la ilícita gestión del dinero pudo ascender a seis millones de euros. La Audiencia Provincial de León condenó en 1999 a prisión, multas e inhabilitación por cohecho y prevaricación a cuatro personas por esta estafa: los exvocales de la junta vecinal de Quintanilla Víctor Manuel y Luis Javier González Prieto; el exsecretario Justo Botas Travesí; y Jacinto González. La sentencia, que fue recurrida, absolvió a Antonio Nistal de cohecho activo y tráfico de influencias.