Diario de León

La lesión tuvo lugar en enero, durante una actividad extraescolar y el docente continúa de baja

Un profesor denuncia que la Junta le niega apoyo jurídico tras un accidente

El afectado planteará esta semana un proceso contencioso administrativo contra la consejería

Carlos Pérez de Prado, el profesor que reclama asistencia jurídica a la Junta de Castilla y León

Carlos Pérez de Prado, el profesor que reclama asistencia jurídica a la Junta de Castilla y León

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Maite Almanza - astorga
León

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La Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León ha denegado hasta en tres ocasiones asistencia judicial a Carlos Pérez de Prado, profesor de Educación Física en el instituto de Astorga, que sufrió diversas lesiones en un accidente ocurrido mientras desarrollaba una actividad extraescolar. El afectado, que dijo continuar de baja, anunció su intención de plantear esta semana un proceso contencioso administrativo para lograr dicha tutela jurídica, por considerar que la normativa vigente ampara su caso. Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de enero en la estación de Soldeu-El Tarter de Andorra. Siempre según su versión, Pérez desarrollaba una actividad organizada por el instituto y denominada Semana en la nieve, cuando fue arrollado por un individuo de nacionalidad británica, que también practicaba el esquí. El profesor fue atendido en un hospital de Andorra y trasladado después a Vall d'Hebrón, en Barcelona. Además de una fractura trípode del malar derecho, de la que fue operado en este último centro, le fueron diagnosticadas otras lesiones, ya de vuelta a León, como una infección subcutánea en la zona orbital, producto de la intervención; una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y problemas en varias piezas dentales. Pérez solicitó a Presidencia asistencia judicial para iniciar un proceso civil contra la estación de esquí o el causante del accidente, tutela que la Junta denegó argumentando que «no existe convenio para la intervención letrada extranjera» en Andorra, al no pertenecer a la Unión Europea, y que el individuo que arrolló al profesor no estaba identificado. Sin éxito El afectado solicitó entonces a la Administración autonómica que asumiera los gastos de un abogado contratado en Andorra y, con posterioridad, logró identificar al supuesto causante del accidente. La Junta reclamó entonces, en julio de este año, una denuncia para emprender la vía penal, denuncia que Pérez aseguró haber presentado en abril. El reclamante tampoco tuvo éxito en esta ocasión. Pérez estimó que la Junta intenta esquivar las normas, «recurriendo una y otra vez a la utilización parcial del texto para denegar injustificadamente» lo que consideró un derecho, y dijo sentirse absolutamente desprotegido. «Me ofende que la Administración para la que trabajo me dé la espalda cuando la necesito», indicó. El afectado exigió el cumplimiento de la norma, y consideró que los funcionarios no deben pagar la culpa del vacío legal que admitió que existe en aquélla, según manifestó en uno de sus escritos a la Junta. El profesor aseguró estar asumiendo los gastos de dos abogados, uno en León y otro en Andorra, y que su seguro particular costeó los generados por sus tramientos médicos. «Me ofende que la Administración para la que trabajo me dé la espalda cuando la necesito» CARLOS PÉREZ DE PRADO Profesor afectado

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