Murias prohíbe verter carbón pero sí permite a MSP usar el lavadero

La Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) mantiene su postura de seguir adelante con el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERE) de los trabajadores del lavadero y el ferrocarril de la escombrera situada en el entorno del castro de la Muela a pesar de que ayer la alcaldía de Villablino modificara el decreto de precinto emitido el jueves. El alcalde, Guillermo Murias, emitió ayer una orden para trasladar el punto del cordón y permitir que los camiones de la empresa pudieran acceder hasta la cinta transportadora para trasladar el estéril. Fuentes de la empresa minera apuntaron ayer que el despido temporal de los 103 trabajadores continúa, ayer ya no se registro trabajo en las instalaciones, ya que a pesar de la modificación del decreto de la alcaldía el traslado del carbón a otra escombrera «aumentaría los costes». Desde la MSP se insistió en que todos las trabajos «están autorizados por todas las administraciones competentes, tanto autonómicas como locales, en las que está incluido el propio Ayuntamiento de Villablino». Guilermo Murias respondió ayer que el permiso que tiene la empresa, acotado en el paraje de La Peruchal, «se reduce a la ocupación del terreno para el lavadero y las instalaciones aledañas, pero no para el vertido de los residuos del carbón». En este sentido, la MSP reiteró que todos los permisos, incluidos los de la escombrera, están en regla y que en ningún momento se ha traspasado los límites de la zona conocida como El Peruchal. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se reitera que la pretendida ampliación del vertedero era en dirección a La Muela, cerca del castro, donde la empresa no tiene licencias. A toda la empresa «Si esta situación se mantiene, MSP se verá abocada a parar la actividad de todos sus grupos de explotación», ya que según argumentó desde la empresa «el colapso en el lavadero es algo obvio que acarrearía un efecto dominó de paralización progresiva». Si esto llegara a suceder el ERE se extendería a los 1.150 los trabajadores de MSP. Murias aconsejó a la empresa minera que una posible solución «es llevar los vertidos a los cielos abiertos y así ir cubriendo los huecos que deja la explotación». La empresa recriminó: «Sí hay licencias y por lo tanto el alcalde no puede decir dónde debemos verter». Desde la MSP se insistió en el alcalde está haciendo «abuso de autoridad» y que se acata al decreto de 1989.