UGT exige a la Junta cobertura jurídica para el profesor del IES

El sindicato Fete-UGT de León reclamó a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los gastos del letrado que el profesor del IES de Astorga Carlos Pérez de Prado contrató en Andorra para iniciar un proceso legal contra el supuesto responsable de un accidente de esquí que sufrió en enero del 2005 mientras practicaba una actividad extraescolar o contra la estación en la que éste tuvo lugar. El sindicato se comprometió a presentar esta exigencia en los foros pertinentes, al tiempo que exigió la modificación de la normativa que, a su juicio, enmarca este tipo de casos, con el fin de ampliar su ámbito de aplicación. «El decreto que regula la asistencia judicial de los docentes no universitarios y del personal no docente al servicio de la Junta no limita esa asistencia, es una interpretación que ha hecho la Administración autonómica, pero nosotros pedimos que la tutela jurídica no se vea limitada en ningún caso, por lo que, si es necesario aclararlo en el decreto en cuestión, que se aclare», indicó María Paz García, secretaria de Enseñanza Pública de Fete-UGT de León. Póliza de seguros El sindicato señaló también que «la Junta no responde directamente por los daños y perjuicios causados por los accidentes, sino que ha suscrito una póliza de seguros» con una empresa privada «que se hace cargo de las indemnizaciones», y que «no cubre la asistencia letrada», según García. UGT consideró que la responsabilidad última corresponde a la Administración autonómica y que las indemnizaciones de la aseguradora pueden ser objeto de recurso en caso de desacuerdo. García anunció que el sindicato planea realizar una campaña informativa en todos los centros de Castilla y León, ya que, según estimó, esta situación «deja desprotegidos a más de cinco mil profesores de la escuela pública en la provincia de León». Por otro lado, el profesor afectado, Carlos Pérez de Prado, aseguró que su abogado en León planteó esta semana un proceso contencioso administrativo ante los juzgados competentes de la capital para exigir a la Junta que le preste asistencia jurídica en este caso. Mientras, el docente continúa tramitando en Andorra otras cuestiones relacionadas con el accidente, por el que hubo de ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas.