MSP retiene las nóminas ante el anuncio de paralización del Feixolín

El decreto que el alcalde de Villablino, Guillermo Murias, presentará hoy a la MSP y que supondrá la paralización de la explotación del Feixolín provocó que ayer la dirección diera orden de retener todas las nóminas de la empresa, que debían pagarse hoy. Fuentes del Grupo Alonso advirtieron que esta medida, que afectará a los 700 trabajadores de MSP, pretende defender los intereses de la empresa, que «deberá replantearse su estrategia y la protección de la sociedad a través de la reserva de fondos si la medida se lleva a cabo». Según el grupo que preside Victorino Alonso, el decreto que tiene previsto dar a conocer hoy Murias contraviene el propio auto judicial, que señala: «...iniciése el expediente y dé traslado del mismo a la Junta de Castilla y León para que adopte las medidas necesarias...». «Es decir, es competencia de la Junta, y no del Ayuntamiento, determinar las medidas necesarias sobre la explotación», señalaron las mismas fuentes, que recuerdan que la sentencia de paralización está recurrida por la empresa. Repercusión sobre el empleo Más allá de la retención de las nóminas, el Grupo Alonso advirtió ayer que la paralización de la polémica explotación a cielo abierto tendrá repercusiones también sobre el empleo. Si el decreto se ejecuta se presentará un expediente de regulación de empleo que afectará a la totalidad de la plantilla del grupo Xaral, de minería subterránea, «que es el que peores perspectivas de futuro tiene». Sesenta empleos que se sumarían a los setenta que trabajan actualmente en la corta del Feixolín, y a los que habría que añadir alrededor de treinta más por la parte proporcional de los servicios generales que se verán afectados por la reducción de actividad. La empresa ha advertido que este expediente sobre el empleo de alrededor de 160 trabajadores se presentará de forma «inmediata» si se hace efectiva la paralización. Desde el Grupo Alonso se apunta que el decreto redactado por el Ayuntamiento de Villablino «es voluntad del alcalde, que en absoluto está obligado por la situación judicial a tomar esta medida». Por eso, instan al Ayuntamiento a no ejecutar la paralización y esperar la resolución de la sentencia, que actualmente no es firme porque está recurrida. Desde el Grupo Alonso califican la actitud de Guillermo Murias como una «agresión», que puede condicionar la actividad de la empresa para los próximos años y que obliga a replantearse las previsiones futuras del grupo, además de a «reservar fondos de tesorería, que son escasos, para proteger la sociedad si nos paran las minas».