Un informe de la Junta pone de manifiesto que el cámping es ilegal

El gerente del cámping de Cistierna, Gregorio Martínez González, llevará a los tribunales al Ayuntamiento al descubrir que tras realizarse la concesión de la explotación del cámping y el bar ubicados en el complejo polideportivo y hacer las gestiones para dar de alta la actividad, el cámping es ilegal y no está reconocido como tal por la Junta de Castilla y León. La concesión se realizó en junio de 2004 durante cuatro año y «desde el Ayuntamiento tras la firma del contrato se me exigía celeridad para abrir cuanto antes el bar que da servicio a las piscinas, el cámping parecía no importarles», según Martínez. El gerente realiza todas las gestiones con las administraciones ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Cistierna a una serie de escritos donde se les demandaba que hiciese las gestiones en turismo. «La sorpresa se presenta con un escrito del servicio de industria, comercio y turismo de la Junta de Castilla y León donde nos dice que el cámping es ilegal y que en el proceso de legalización el Ayuntamiento lo había desestimado dado que era necesario realizar muchas modificaciones en el cámping», según el gerente. En el informe de la Junta de Castilla y León al gerente del cámping se señala que «fue requerido el Ayuntamiento de Cistierna para que fuesen subsanadas diversas irregularidades detectadas así como para aportar diversa documentación. Como quiera que dichas deficiencias no fueron subsanadas en su totalidad (salvo el desvío de la línea de alta tensión), ni tampoco aportados los documentos requerido con fecha 13 de julio de 2004 se conoce resolución de desistimiento formulada por en entonces alcalde». Además la Junta pone en tela de juicio la legalidad del arrendamiento llevado por el Ayuntamiento y la empresa y así en el documento se puntualiza que «dado que el denominado campamento de turismo es una empresa turística no legalizada y por tanto no existente, obliga a poner en tela de juicio el arrendamiento producido». El gerente recuerda que cogió un cámping destrozado en el que tuvo que realizar muchas reformas con un coste elevado y como compensación se le propuso una compensación con la renta que tenía que pagar que era de 4.600 euros anuales. «Ni eso se llevó a efecto como tampoco la legalización del cámping a pesar de que en más de una ocasión se me indicó desde responsables municipales que las gestiones con turismo se estaban llevando a buen fin». Ante toda esta situación la empresa llevará el tema ente los tribunales al considerar que se está ante un caso de estafa y pedirá una 120.000 euros por daños y perjuicios dado que «la empresa adjudicataria es objeto de una presunta manipulación por parte de los responsables municipales», según el gerente.