La Junta exige al Gobierno que no conceda la ayuda para la residencia «La Junta niega el pan a 2.000 ayuntamientos»

El Consejo de Gobierno acordó ayer requerir de incompetencia al Ejecutivo central y que derogue el Real Decreto 918/2006 -aprobado el 28 de julio- por el cual se conceden subvenciones directas a cuatro ayuntamientos de la comunidad para realizar proyectos de acción social destinados a personas dependientes. Así lo señaló la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, quien explicó que esta medida obedece a la invasión de competencias de la comunidad y a la vulneración del principio de lealtad institucional. Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Ruiz indicó que esta subvención se ha realizado sin ningún tipo de aviso a la Junta de Castilla y León, Administración competente en materia social, y matizó que afecta al plan regional en este ámbito y a la Ley de Acción Social, por lo que denunció que dicha medida no haya sido concertada con la Junta, además de criticar que no se financie la inversión completa. La vicepresidenta defendió que la Junta aplaude las inversiones estatales en Castilla y León, pero matizó que éstas deben realizarse «desde el respeto a las competencias, al principio de lealtad y al Gobierno regional que quiere ejercer esas competencias». Además, recordó que ésta es la tercera vez que el Ministerio de Trabajo concede una subvención directa a ayuntamientos de Castilla y León vulnerando las competencias de la Comunidad en un período de ocho meses, las dos anteriores se produjeron en diciembre del pasado año. En total son 19 las subvenciones concedidas a 17 municipios de la región, «todos gobernados por el PSOE», según aclaró Ruiz. La vicepresidenta primera consideró esta medida sectaria y censuró la actitud del ministro de Trabajo, el salmantino Jesús Caldera, y extendió este calificativo a todo el Gobierno central si no ratifica ese Real Decreto. Los cuatro municipios afectados en la última partida son La Robla y Quilós (León), Trespaderne (Burgos) y El Saugo (Salamanca). El secretario general del PSCL-PSOE, Angel Villalba, consideró ayer que la «dedicación exclusiva en planteamiento de recursos» que practica la Junta de Castilla y León hacia el Gobierno central «sólo sirve para pagar una costosa minuta» a los abogados «que les realizan el trabajo sucio». Villalba aseguró, que «el único sentido» de la batería de recursos planteados por el Ejecutivo autonómico es «pagar espléndidas minutas» a los letrados «de apellidos compuestos que son muy caros, aunque lo pierden todo» cuando trabajan para la Junta de Castilla y León. El líder del PSOE de Castilla y León se refirió así al requerimiento de incompetencia planteado ante el Gobierno por la Junta, con el que pide «que se derogue» el Real Decreto 918/2006 de 28 de julio en el que se concedían ayudas directas para la construcción de residencias de personas mayores a ocho municipios, entre ellos los vecinos de El Sahugo, La Robla, Quilós y Trespaderne. En opinión de Villalba «es intolerable» que «la única gestión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sea la de recurrir y plantear contenciosos y batallar contra el Gobierno de España». Según el secretario general del PSCL, el discurso del PP en materia de financiación municipal en Castilla y León es «ruin y cínico» puesto que «quien niega el pan y la sal y condena a no tener ayudas a más de 2.000 ayuntamientos es la Junta».