Cistierna | La UPL ha denunciado en la comisión de Obras que este punto lo señala el Tribunal Supremo
La anomalía del edificio Los Gallegos puede recaer en los compradores
Los leonesistas lamentan que, a pesar de la paralización, continúen las obras
La obra ha sido expedientada y sancionada por el Ayuntamiento de Cistierna
La comisión de Obras del Ayuntamiento de Cistierna ha estudiado de nuevo el expediente sancionador impuesto sobre el edificio conocido como de Los Gallegos, que construye la empresa Contrator Ibérica, y donde se están haciendo un bloque de 23 viviendas, locales comerciales, trasteros y garajes. A la empresa se le ha impuesto una multa de 30.000 euros y se le exige el derribo del bajo cubierta para que se adecúe a las condiciones de la licencia otorgada. En esta comisión, el portavoz de la UPL, José María Díez, ha denunciado que a pesar del expediente sancionador y otro anterior de paralización cautelar, la empresa ha continuado haciendo la obra en la parte afectada. «Esta empresa tiene poca intención de restaurar la legalidad urbanística y el Ayuntamiento aún no ha hecho nada al respecto», según Díez que preguntó quién en el Ayuntamiento ha llegado al acuerdo con la empresa para enrasar el edificio en construcción con el ya existente en la avenida Constitución, a fin de evitar un feismo urbanístico «según mantiene la empresa en sus alegaciones que dice que fue consentida por los responsables municipales». La UPL muestra una gran preocupación por la legalidad urbanística ya que si dicha restauración no la lleva a cabo la empresa constructora, puede recaer sobre los propietarios de los inmuebles que han comprado en el edificio dado que «según sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1994, los nuevos titulares quedarán subrrogados en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, es decir, la restauración de la legalidad urbanística opera aún en el caso de transmisión de bienes afectados de irregularidades. Lo mismo incide una sentencia del tribunal de 31 de enero de 1995, donde dice que la medida de restauración del orden urbanístico alterado «es de naturaleza real y no personal», dice Díez. Ante esta situación la UPL ha exigido al alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, que «cuanto antes finalice ya el tema, dado que a última hora va a ser el Ayuntamiento y los propietarios los que se vean envueltos en una situación en la que los compradores no tienen culpa de ninguna clase».