El Senado exige fiscalizar las cuentas municipales de los años 2005 y 2006

La comisión mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas celebró ayer una sesión en la que se adoptó una serie de propuestas de resolución sobre al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Villablino realizado durante los ejercicios de 1998 al 2002, gobernados por el alcalde de IU, Guillermo Murias. En el documento, la comisión mixta, con los votos a favor del PP y del PSOE, exige al Tribunal de Cuentas que «incluya en el Programa de actuaciones para el año 2007 la fiscalización de la actividad económica-financiera del Ayuntamiento de Villablino de los ejercicios 2005 y 2006». Esta fiscalización, si el tribunal lo cree oportuno, podrá realizarl el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Además, se le solicita que evalúe los daños patrimoniales que haya podido sufrir el Ayuntamiento de Villablino, con exigencia, en su caso, de la correspondiente responsabilidad contable, como consecuencia de la indebida utilización de procedimientos negociados sin publicidad para la adjudicación de contratos de obras, esgrimiendo inexistentes urgencias o fraccionando ilegalmente su objeto, así como por la utilización de criterios inadecuados de selección de contratistas». La comisión exige al consistorio lacianiego «la inmediata adopción de cuantas medidas sean necesarias para que las cuentas y estados anuales reflejen fielmente la verdadera situación financiera y patrimonial, así como la inmediata realización de un Plan Financiero de Saneamiento comprometiéndose a ajustar los Presupuestos que hayan de aprobarse a las medidas recogidas en dicho Plan». Otras de las propuestas adoptadas por la comisión mixta exigen al Ayuntamiento a «que las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería sean realizadas, tal y como exige la ley, por funcionarios de habilitación nacional -algo que ahora no sucede en el caso del interventor-, y a que la selección de personal se realice utilizando criterios objetivos y ajustados a los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad». Además se recomienda al equipo de gobierno del consistorio lacianiego a «abandonar la práctica de fraccionamiento malicioso del objeto de los contratos con la finalidad de poder adjudicarlos por procedimiento negociado sin publicidad, además de no incluir criterios contrarios a los principios de no discriminación e igualdad de trato en la selección de adjudicatario». El documento insta también al Ministerio de Economía y Hacienda a «comprobar, antes de conceder autorización para la concertación de operaciones de crédito, que no se reconvierte endeudamiento a corto plazo en endeudamiento a largo plazo».