La empresa simulaba movimientos de mercancía para ocultar una sobreproducción de azúcar
El Supremo anula la sentencia sobre el fraude en Ebro Agrícolas
La Audiencia Nacional deberá considerar nuevas pruebas para emitir su nuevo fallo
Anteriores responsables de la fábrica de La Bañeza fueron condenados por la sentencia anulada
El Tribunal Supremo (TS) anuló el 15 de diciembre una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a varios directivos de la Azucarera Ebro Agrícolas a penas de cárcel de entre tres meses y seis años, por un delito de fraude comunitario relacionado con la sobreproducción de azúcar, según informó ayer Efe. Algunos de estos directivos ejercieron distintos cargos en las fábricas de Ebro en La Bañeza, Benavente y Salamanca. El TS admite las alegaciones presentadas por los acusados y anula la sentencia por «quebrantamientos de forma» en el proceso, ya que «el hecho probado debe establecer circunstancias relevantes para determinar la tipicidad de la acción». Fuentes cercanas al proceso explicaron a Efe que ahora «la Audiencia Nacional tendrá que volver a dictar sentencia teniendo en cuenta reglamentación, pruebas y documentos que no contempló en la anterior resolución». De este modo, el TS acepta los recursos presentados por Azucarera Ebro y las defensas particulares de Antonio López, José Enrique Hidalgo, Elías Gamazo, Ángel Domingo, A. Franciso Canales, Agustín Fernández, Rafael Barrera, Aniceto Martín, Nicolás Bautista y Fernando Pérez. El proceso se remonta a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 2005 que consideraba que había existido un delito de falsedad en documento público y mercantil entre los años 1996 y 1999 en la Azucarera Ebro Agrícola, que supuso un fraude de más de 27 millones de euros. Según la Fiscalía Anticorrupción, el delito consistía en simular movimientos internos de importantes cantidades de azúcar entre las fábricas de la antigua azucarera (que en 2001 se fusionó con la empresa de alimentación Puleva) para ocultar la sobreproducción en la cuota de azúcar. La sentencia impuso a la empresa una sanción económica por el impago de la exacción, por valor de 5,39 millones de euros en la campaña 96/97, y de 21,49 millones de euros entre los años 97 y 99, así como el pago de 715.000 euros por el impago de las cotizaciones por el gasto de almacenamiento.