El juicio duró casi cinco horas y media y quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial
El fiscal cree que Alfredo Soto es culpable pero vería bien un indulto
La acusación insiste en exigir cuatro años de cárcel y según la defensa procede su libre absolución Los testimonios:
El Ministerio Fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público por el mismo espacio de tiempo y otras menores accesorias para el concejal del grupo mixto del Ayuntamiento de Boñar, Alfredo Soto, al que considera culpable de un presunto delito de atentado contra la alcaldesa de la localidad, Virginia Blasco, y dos concejales más de su equipo de gobierno, contra los que se le acusa de protagonizar un incidente en septiembre del 2005. No obstante, el fiscal añadió una propuesta a la sala para que, en caso de que se dicte sentencia condenatoria, se solicite el indulto, por entender desproporcionada la condena que marca la ley y el cariz de los hechos. «Aún entendiendo que el delito existe y ha quedado probado, cuatro años de cárcel por unos empujones y un par de golpes, son demasiado». La vista oral, que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de León, se extendió por espacio de cinco horas y media, trató de probar la veracidad de los hechos de los que se acusa al concejal. Según el escrito de acusación, la alcaldesa y dos concejales se encontraban realizando una inspección urbanística en una finca, propiedad del imputado, cuando este se presentó en el inmueble y sujetando violentamente a la alcaldesa por un brazo y dándole empujones, la expulsó del lugar («¡Fuera de mi propiedad!», causándole lesiones que, según la versión de la víctima, le impidieron cumplir con sus obligaciones y le dejaron como secuelas un hombro doloroso leve. La acusación particular se adhirió a las conclusiones del fiscal y rechazó el testimonio aportado por el secretario municipal, presente en los hechos, que declaró haber presenciado una disputa dialéctica, pero ninguna agresión: «No sirve su versión, tiene mala relación con la alcaldesa y ha presentado una denuncia contra ella». La defensa sostuvo en su informe final que la única prueba de cargo existente son testimonios carentes de imparcialidad: «Son concejales cercanos a la alcaldesa, ¿qué van a decir? Frente a tres personas que defienden esa versión, hay ocho que dicen que no hubo agresión. No pueden ser más creíbles unos testigos que otros». Recordó que Virginia Blasco se estaba excediendo en sus funciones en el momento de los hechos: «Estaba inspeccionando una finca cuando ella no tiene titulación urbanística ni tenía permiso para entrar en una propiedad privada». Lamentó el letrado de la defensa que no se respetase la presunción de inocencia de su defendido «porque no hay argumentos sólidos para condenarle, y si no los hay, se le debe absolver» y agradeció la postura del Ministerio Fiscal.