Los ecologistas exigen que la línea de alta tensión no pase por La Robla

Los vecinos de la localidad roblana de Llanos de Alba y el colectivo de Ecologistas en Acción exigen el traslado de las líneas de alta tensión fuera del entorno urbano de La Robla, ya que las alegaciones presentadas a la modificación del trazado de la línea eléctrica Soto de la Ribera - La Robla y Lada - La Robla, han dado pie a esta petición, que además se ha dirigido a la Administración General del Estado ( competente para autorizar el nuevo trazado ) y al servicio territorial de Industria de León, donde se tramita el expediente con el que los promotores REE y ADIF, pretenden resolver el cruzamiento de las líneas de alta tensión con el tren de alta velocidad en LLanos de Alba, dentro de un área residencial habitada. Tanto los vecinos como los ecologistas han pedido la nulidad del expediente y la paralización de su tramitación por carecer de información preceptiva y básica para la comprensión del proyecto, siendo por lo tanto imposible conocer qué personas y bienes van a ser afectadas. También alegan la inadmisible pretensión de REE y ADIF de obviar la declaración de utilidad pública y su condicionado, circunstancia que unida a la falta de información del proyecto dejaría a la población de Llanos de Alba en la más absoluta indefensión legal. Por su parte denuncian que el proyecto «ni siquiera menciona la protección del medioambiente y la salud pública, lo cual es de todo punto reprobable puesto que el cruzamiento del AVE y la líneas de alta tensión se produce en un punto residencial en expansión dentro de un municipio con múltiples industrias contaminantes y muy baja calidad del aire, donde la contaminación atmosférica se agrava por la presencia de tendidos eléctricos que con su efecto corona (ionización del aire alrededor de los cables) atraen aerosoles y generan ozono troposférico», puntualizan. Además los ecologistas aseguran que el AVE introduce en La Robla un nuevo corredor electromagnético y las distancias de seguridad que contempla la legislación española «son claramente insuficientes para preservar la salud humana de la exposición continuada a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Dichos campos están reconocidos como posibles cancerígenos, y existen evidencias que los asocian a la leucemia infantil».