Diario de León

Cistierna | El deber de custodia hace que las penas sean mayores para los funcionarios que para un particular

Falsificar la firma del secretario se castiga con tres a seis años de cárcel

El Código Penal tipifica el delito de falsedad documental en los artículos 390 y 392

El secretario, Javier García, a la derecha, en una sesión plenaria

El secretario, Javier García, a la derecha, en una sesión plenaria

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José María Campos - corresponsal | cistierna
León

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La falsificación de la firma del secretario del Ayuntamiento de Cistierna en una certificación para justificar una subvención puede llevar pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación de dos a seis años así como una multa de seis a veinticuatro meses, si se demuestra que ha sido realizada por un funcionario público o autoridad, tal y como recoge el Código Penal en el artículo 390. En el supuesto de que el delito lo hubiera cometido un particular puede ser castigado con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, según señala el artículo 392. La pena es mayor en una persona que ocupa un cargo público o funcionario dado que éstos tienen la obligación de custodia, hecho que no se produce en un particular. El tipo de pena puede ir en función del delito que esconda la falsificación como podría ser, por ejemplo, la estafa o la prevaricación. La falsificación de la firma fue denunciada por el secretario interventor del Ayuntamiento de Cistierna, Javier García, a finales del pasado mes de mayo ante el juzgado de primera instancia de Cistierna, para que se investigase una firma que según el denunciante no fue realizada por él. El documento corresponde a una certificación donde se señala textualmente «que se han reconocido obligaciones por importe de 8.500 euros, en concepto de gratificaciones por trabajos extraordinarios realizados por los empleados del Ayuntamiento de Cistierna con motivo de la celebración de la tradicional Feria de Santa Catalina 2005 de Cistierna. Expido la presente certificación, a los efectos que proceden ante la Dirección General de Comercio, en Cistierna a 14 de diciembre de 2005». Este documento aparece firmado tanto por el alcalde de Cistierna como por el secretario. La reacción por parte de los partidos políticos es de preocupación ante esta denuncia y han exigido que por parte de los responsables del gobierno municipal que se dé toda la información sobre este tema con independencia de las investigaciones que se estén realizando por la vía judicial. Así mismo se ha solicitado que desde que desde el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Cistierna, se tomen las medidas necesarias para que hechos como los denunciados por el secretario del Ayuntamiento no se vuelvan a repetir en lo sucesivo. El concejal de la UPL, Luis Mariano Santos, ha sido el concejal que, en la única comisión de industrial y empleo donde se ha hablado del tema de la falsificación, ha solicitado que se arbitren las medidas necesarias para evitar que no vuelva a suceder. Entiende que es una situación nada agradable que perjudica a la imagen del Ayuntamiento de Cistierna y lo que se tiene que hacer desde el punto de vista político es clarificar lo ocurrido como paso previo para evitar que esto vuelva a suceder. El concejal de Ciudadanos Independientes de Cistierna, CIC, Pedro Alvarado, ha considerado que es necesario que se informe a todos los grupos de cuales pueden ser las consecuencias de la falsificación de la firma y entiende que es tan importante conocer la posible falsificación de la firma del secretario, como conocer e investigar si el contenido del documento de la certificación se ajusta a la verdad. El alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, considera que por el momento hay que ser prudentes y esperar a que exista una resolución judicial y se conozcan los resultados, dado que aún el tema se encuentra en su primera fase del inicio de la toma de declaraciones. Esta toma de declaraciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Cistierna estaba previsto que se iniciasen el pasado lunes, pero se ha retrasados, por el momento. El portavoz del PP, Jesús García, considera que hasta que no se tenga toda la documentación sobre la denuncia es precipitado realizar algún tipo de valoración.

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