Un recurso o un nuevo decreto

Ante la sentencia, que deja vacío de contenido legal el centro de San Román de la Vega, la junta de Castilla y León tiene, según fuentes consultadas, dos alternativas: presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según el artículo 86.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si no se optara por esta vía, la Administración autonómica deberá reintegrar la instalación a una situación legal, mediante un nuevo decreto que recoja el espíritu de esta sentencia. El CTR seguirá funcionando, pero, cuando parecía enterrada la oposición a esta planta, la plataforma que constituyeron los ayuntamientos y la asociación demandantes se apunta una victoria legal ante administraciones más altas.