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Según la acusación, amenazó con no conceder una licencia si no se retiraba una denuncia contra él

Solicitan dos años y medio de cárcel para el ex alcalde de Santa Marina

El Ministerio Fiscal le acusa de un delito de obstrucción a la Justicia y la defensa del imputado lo niega

José Emilio Fuertes, ex alcalde de Santa Marina del Rey

Publicado por
Miguel Ángel Zamora - redacción
León

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El juzgado de lo Penal número 1 de los de León pasará vista oral el próximo martes 20 de noviembre a partir de las 11.50 horas a la acusación de un delito de obstrucción a la justicia que pesa sobre el anterior alcalde de Santa Marina del Rey, José Emilio Fuertes, para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y medio de prisión. La defensa del imputado entiende que el anterior regidor de la localidad es inocente de los cargos que pesan sobre él, discrepa del relato fáctico que se ha elaborado en el escrito de calificaciones provisionales y solicita la libre absolución de su patrocinado. Los hechos a los que se refiere el proceso datan de agosto del año 2006. El anterior alcalde de Santa Marina del Rey se reunió con dos personas que trataban de diligenciar una licencia de apertura para un albergue de peregrinos, y en el transcurso de la conversación con el varón, le manifestó: «Me quitas la denuncia si quieres la licencia y si no, vamos a tomar represalias contra tí y contra tus negocios, y no me van a temblar las manos», de acuerdo a la versión de los hechos que maneja el fiscal. La denuncia en cuestión, siempre según el escrito de calificaciones provisionales, se refiere a una acusación presentada el 12 de julio del 2006 contra el procesado y contra el presidente de la junta vecinal de una localidad cercana, que en el momento de los hechos, no había sido resuelta aún y permanecía en fase de instrucción. Por todo ello el fiscal sostiene en su escrito que hay pruebas suficientes como para considerar la existencia de un delito de obstrucción a la justicia, que además cuenta con la agravante del artículo 22,7º del Código Penal según el cual se considera punible «prevalerse del carácter público que tenga el culpable», por lo que la pena que se solicita se eleva a dos años y seis meses de prisión, más una multa de 15 meses a razón de seis euros diarios, además de la correspondiente inhabilitación para el sufragio pasivo. Discrepancias notables La defensa del imputado sostiene que no hay pruebas para sostener la acusación mencionada, por lo que exige la libre absolución de su defendido con todos los pronunciamientos a su favor, ya que el relato de los hechos en que se amparan los cargos es incorrecto.

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