Un vecino de Castrocalbón puede ir a prisión 10 años por agresión sexual

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León pasará vista oral el próximo lunes 26 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, a los cargos que pesan sobre un vecino de Castrocalbón, acusado de un presunto delito de maltrato habitual, otro de agresión sexual y un tercero de tenencia ilícita de armas por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena total de diez años de prisión. La acusación particular, que encarna la Asociación Clara Campoamor eleva a 19 años la pena que pide por los mismos hechos mientras la defensa exige la libre absolución por no haber cometido delito alguno. Según las calificaciones provisionales, el sospechoso, mayor de edad y con dos condenas firmes previas por imprudencia grave y por lesiones, convivió desde 1996 con una joven en Bilbao, Camarzana de Tera, Calzadilla de Tera y Castrocalbón. En Navidades del 2003 se produjo un presunto episodio de agresiones a la víctima, que fue auxiliada por unos vecinos. En mayo del 2004, siempre según el fiscal, golpeó en la cara a la víctima y le rompió la ropa y finalmente el 22 de agosto del 2004 fue objeto de agresión sexual por vía vaginal. El imputado poseía una escopeta de cañones recortados de marca F.S. calibre 12 pero sin documentación. El fiscal propone también una orden de alejamiento de la víctima por cinco años, prohibición de tenencia de armas por tres años y 6.000 euros de indemnización. Todo contra su voluntad La acusación particular relata en sus calificaciones provisionales que la víctima era obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. «En Bilbao se ausentó del domicilio unos días y al regresar de madrugada la obligó a mantener relaciones sexuales sujetándola boca abajo y penetrándola vaginalmente. También intentó la penetración anal pero no lo consiguió porque la víctima se movía». En una segunda ocasión «el acusado le apartó la braga y la penetró tanto por arriba como por abajo. La víctima gritaba y lloraba, pero el acusado le sujetaba los brazos y le impedía cualquier defensa». Por ello eleva la indemnización que solicita a 30.000 euros y aumenta la pena de prohibición de acercamiento a la víctima por cinco años. La defensa entiende que ninguno de los actos realizados por su patrocinado es susceptible de ser considerado como delito, por lo que exige la libre absolución de su defendido con todos los pronunciamientos, y discrepa del relato fáctico presentado por fiscal y acusación particular.