El colegio de médicos denuncia por lo penal al delegado de la Junta

El colegio de médicos de León presentó una denuncia penal contra el delegado de la Junta en la provincia, Eduardo Fernández; contra el alcalde de Valderrey, Gaspar Cuervo; y contra David Martínez y José María Domínguez en calidad de antiguos miembros de la gestora de Barrientos. Con esta iniciativa el colegio «sale en defensa de la médico titular de Valderrey» tras la supuesta recaudación de dinero entre los vecinos por parte de la citada gestora con el argumento de que sería para la facultativa. Cabe recordar que, cuando surgió la polémica, la médico, Ermitas Salas, negó a Diario de León haber percibido cantidad alguna al margen de su salario. Los denunciantes de los hechos -el alcalde de Valderrey y dos de sus concejales-, ratificaron en su momento esta cuestión, al igual que el delegado de la Junta y los entonces miembros de la gestora. El colegio de médicos consideró inaceptable que la supuesta recaudación, hechos «que fueron denunciados en primer lugar por la propia médico tanto en el Sacyl como en el Ayuntamiento de Valderrey y ante los propios vecinos, [...] se estén tergiversando como consecuencia de las manifestaciones realizadas por los distintos cargos públicos denunciados, y hayan sembrado dudas sobre el comportamiento impecable» de dicha facultativa. «Falta de reacción» La entidad lamentó también «la falta de reacción de la Gerencia de Atención Primaria de León, la cual teniendo conocimiento de los hechos desde un principio, tanto verbalmente como por escrito por parte de la propia médica, y en lugar de salir en su defensa, ha permanecido en el más absoluto y vergonzoso de los silencios». La denuncia penal precisa que el alcalde de Valderrey «entendió que con este tema podía hacer gestión política. Él pertenece al PSOE y otros implicados al PP, y realiza una serie de declaraciones totalmente carentes de rigor [...] dirigidas a atacar a sus adversarios políticos aunque para ello cuestione la actuación de la médico implicada». El colegio, que alude a las declaraciones públicas de todos los denunciados, considera que el regidor «no pone en marcha, a pesar de que llega a afirmar que se dirigirá a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León, ningún mecanismo tendente a esclarecer los hechos». El colegio también arremete contra Eduardo Fernández al señalar que «debió de conocer de primera mano los hechos» por el escrito de la doctora, pese a lo cual «permanece sin realizar actividad alguna para su esclarecimiento» y «hace unas manifestaciones públicas en las que no sólo pone en entredicho la actuación de la facultativa implicada sino la de todo el colectivo médico». Además, la entidad alude a las declaraciones de los entonces miembros de la gestora en las que éstos admitían haber recaudado dinero para entregar a la médico, aunque diferían en el tipo de agasajo al que aquél iba destinado, y aclaraban que la doctora nunca lo recibió. El colegio entiende que todos estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de injuria y calumnia, el de estafa continuada, y el de omisión del deber de perseguir delitos.