La fiscalía abre una investigación por el caso del arsénico en el agua

La Fiscalía Provincial de León abrió diligencias de investigación en relación con la presencia de arsénico por encima del máximo legal permitido en el agua de la red de Nistal, localidad perteneciente al municipio de San Justo de la Vega. Los hechos fueron puestos en conocimiento del ministerio público el pasado 26 de febrero por el grupo parlamentario del PSOE, tras conocer que ya en el mes de agosto del 2007 el servicio territorial de Sanidad había tenido conocimiento de dicha incidencia y no la había comunicado a la delegación territorial de la Junta, la consejería de Sanidad o el Ayuntamiento de San Justo de la Vega, a fin de adoptar las medidas previstas en la ley, entre ellas la prohibición del consumo del agua contaminada. La notificación de la fiscalía en la que ésta da cuenta de dicha decisión señala también que la medida pretende facilitar las investigaciones procedentes para esclarecer estos hechos. «Esta decisión nos viene a dar la razón, pero queremos ser muy prudentes y respetuosos con lo que estimen los jueces sobre este asunto», indicó ayer la portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad de las Cortes, la procuradora Victorina Alonso. Ésta señaló: «Es muy positivo que la fiscalía provincial haya visto que puede existir un delito en este caso y lo vaya a investigar, y que no ha rechazado de plano la argumentación que hacía el grupo parlamentario del PSOE». «Nuestro objetivo es que este problema se solucione lo antes posible, y nuestra actuación era también una forma de conseguir que la Administración trabajara en el caso como hasta ahora no lo ha hecho», indicó la parlamentaria, que recordó que «además, hubo un problema grave porque se ha ocultado la contaminación durante meses». Camiones y garrafas Alonso, respecto al hecho de que los vecinos de Nistal siguen recibiendo el agua potable en camiones cisterna y garrafas, precisó también: «Esperábamos que la Junta hubiese planteado a estas alturas un estudio para que las medidas a tomar en este caso fueran definitivas. No sabemos que se esté haciendo nada, y los vecinos están desinformados», apuntó. La procuradora añadió que los afectados «no saben que se haya hecho un estudio sanitario y otro de los acuíferos», al tiempo que estimó que la Administración «debería haber creado un gabinete de crisis y haber establecido soluciones a medio y a largo plazo» a la presencia del arsénico en la red de abastecimiento. El PSOE ha sido muy crítico con la actitud de la Administración autonómica en este caso, tanto en lo que respecta al hecho de que la presencia de niveles de arsénico que sobrepasaban el máximo que permite la ley fue hecho público tras la denuncia de una vecina, y no tras las analíticas realizadas por el servicio territorial de Sanidad, como por las medidas adoptadas a partir de este momento para facilitar a los vecinos afectados agua potable. Los socialistas, además, también han advertido de la posibilidad de que más pueblos estén utilizando el acuífero contaminado. «Esta decisión nos viene a dar la razón, pero queremos ser muy prudentes y respetuosos con lo que estimen los jueces sobre este asunto» «Es muy positivo que la fiscalía provincial haya visto que puede existir un delito en este caso y lo vaya a investigar, y que no haya rechazado de plano la argumentación que hacía el grupo parlamentario del PSOE» VICTORINA ALONSO Portavoz PSOE en Comisión Sanidad