Carrasco reitera que la institución no pagará la defensa a los afectados

La presidenta de la Diputación reiteró ayer el asesoramiento «técnico y jurídico» a los afectados por el proyecto de la línea de alta tensión Sama-Velilla. No obstante, Isabel Carrasco, precisó que es «imposible que la institución provincial pague a abogados y procuradores, porque en ese caso sólo nos dedicaríamos a eso y abriríamos una vía que sería imposible de atender». La responsable del Palacio de los Guzmanes comentó también que, de momento, los afectados -ayuntamientos y plataformas- no se han puesto en contacto con la Diputación para dar a conocer las respuestas que envió a las alegaciones Red Eléctrica Española. Precisamente, en un Pleno reciente la presidenta -a respuesta de una moción presentada por la UPL-, en la que reclamaba la financiación de los gastos de esta defensa, ya aclaró que la institución no podía abrir ese precedente, aunque reiteró el apoyo jurídico y técnico al colectivo de afectados. La presidenta ha mantenido varias reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, que también han sido recibidos por técnicos del Palacio de los Guzmanes para orientarlos en varios aspectos. De hecho, las alegaciones presentadas tienen como base un documento tipo elaborado desde la Diputación para este fin en tres direcciones: medioambiental, el campo de la salud y las personas. Sobre este sustento se llegaron a presentar ante REE más de 25.000 alegaciones. También desde el Palacio de los Guzmanes fue elaborado por parte de técnicos de diversas áreas un documento que advierte de las consecuencias negativas que la construcción de esta línea de alta tensión tendría para el entorno por donde está previsto que discurra. Señala, incluso, «impactos graves (severos o críticos) para cada uno de los factores ambientales que lo conforman».