Los vecinos exigen la paralización de la obra de la carretera del pueblo

Un grupo de vecinos de Valdespino de Somoza, localidad perteneciente al municipio de Santiago Millas, reclamó ayer a la Diputación y al Ayuntamiento la paralización de las obras de mejora de la carretera que atraviesa el pueblo. Los denunciantes señalaron que los nuevos bordillos dificultan el acceso a las casas y, en algunos puntos, discurren por dentro de los aleros de los tejados. Los afectados consideraron también que en algunas zonas de este vial «no existe espacio para hacer aceras, pese a que sí están construyendo bordillos, por lo que algunos vecinos tendrán que trepar por ellos para entrar en sus viviendas, muchas de las cuales tienen dos siglos de antigüedad, y algunos vehículos no podrán hacerlo», señalaron. Indicaron, también, que la creación de bordillos «tendrá un coste para los vecinos», en forma de contribuciones especiales. Los vecinos también expresaron su temor de que «las obras implicarán la elevación del nivel de la carretera, con lo que las puertas de las casas quedarán hundidas» y propusieron rebajar la altura del firme antes de su arreglo. Además, estimaron que «se ensanchará la carretera para dar prioridad a los vehículos en lugar de al peatón». Los afectados ya trasladaron sus quejas al Ayuntamiento y buscaron asesoramiento técnico y legal con vistas a una eventual acción judicial con el fin de paralizar los trabajos. «Una decena de familias» Los vecinos indicaron que esta situación afecta «a una decena de familias y a una herrería de principios del siglo XX, también ubicada en la carretera». El alcalde de Santiago Millas, Sindo Castro, declinó ayer hacer declaraciones sobre esta cuestión. El diputado de Fomento, Jaime González, indicó que «el proyecto fue encargado por el Ayuntamiento y sometido a información pública, y ningún propietario presentó alegaciones». González indicó que la obra «es municipal, está ejecutándose conforme a dicho proyecto y cuenta con un presupuesto de 58.000 euros que financian el consistorio al 40%, el Ministerio de Administraciones Públicas al 35% y la Diputación, al 25%».