Diario de León

Riaño | Denuncian que no hay un equilibrio entre la protección de estas especies y la población local

Los alcaldes exigen participar en el plan del oso pardo y el urogallo

Los 33 municipios afectados piden una reunión con la Junta y anuncian recursos contra los programas

Los alcaldes de Acevedo, Riaño, Posada de Valdeón y la representante de Velilla en la rueda de prens

Los alcaldes de Acevedo, Riaño, Posada de Valdeón y la representante de Velilla en la rueda de prens

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Cistierna

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corresponsal | riaño

Los 26 ayuntamientos leoneses y los siete palentinos afectados por la zona de influencia de los planes de recuperación de urogallo cantábrico y del oso pardo denunciaron ayer que el decreto del plan es una «imposición» de la Junta de Castilla y León a las entidades propietarias de los terrenos. Este malestar se puso de manifiesto en una rueda de prensa celebrada ayer en Riaño en la que el portavoz de los alcaldes, Mariano Rojo, señaló que la Junta «no respeta» el articulado de este plan donde se dice que hay que fomentar la participación de todos los sectores sociales, tanto públicos como privados. «Además las alegaciones que ayuntamientos y juntas vecinales presentaron en noviembre del 2006 no fueron estimadas», según Rojo.

En el comunicado, los ayuntamientos denuncian que la Junta no ha querido hablar con las administraciones locales cuando solicitaron que fueran paralizados los trámites de los borradores de los decretos y que se elaboraran a partir del consenso de las partes implicadas, es decir, los propietarios de los terrenos, ayuntamientos y juntas vecinales y que se estableciera un plan de compensaciones y no ser «ambiguos» en las prohibiciones.. «Los más directamente relacionados con la gestión del hábitat de estas especies queremos participar y la Junta ni nos deja ni se molesta en darnos ninguna contestación», según el alcalde de Posada de Valdeón. Los regidores recuerdan que no están en contra de la protección de estas dos especies, pero que esta protección solo la entienden dentro de un equilibrio de los derechos de la población local que ahora no existe. «Si se continúa en la línea de llevarlo al extremo del proteccionismo, la población local de estas zonas lo tenemos muy complicado». Manifestaron la intención de interponer todos los recursos judiciales necesarios «para la defensa de nuestros intereses».

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