Boca de Huérgano | Denuncian irregularidades en el proyecto de concentración reconocidas por el Común
Un centenar de afectados exige a la Junta que pare la concentración
El estudio no recoge que el nuevo plan de San Glorio hará que terreno concentrado pase a ser urbano
Algunos afectados paralizaron el inicio de la concentración, como recoge la imagen de archivo
corresponsal | boca
Más de un centenar de afectados por la concentración parcelaria de Boca de Huérgano ha presentado escritos ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para exigir que se adopten las medidas legales oportunas para dejar sin efecto la concentración, teniendo en cuenta que «se incumplen los objetivos propios de la concentración, no existiendo una función social que la justifique». Además, los afectados estiman que la inversión económica realizada hasta el momento «es sustancialmente inferior a la inversión pendiente». Además, afirman que el procedimiento realizado en la concentración está lleno de irregularidades tal y como ha reconocido el Procurador del Común.
Entre las irregularidades está la falta de participación de las juntas de trabajo, dado que el estudio previo se presentó en mayo de 1997 y el acta de constitución de las juntas de trabajo tiene fecha de 31 de marzo de 1998. Además denuncian irregularidades en la tramitación del estudio que no se presentó a la asamblea informativa de afectados ni se realizó el trámite ante la Diputación de León, Consejería de Fomento, Consejería de Agricultura ni la Demarcación de Carreteras del Estado. También se incluye suelo urbano y urbanizable en la concentración algo que prohíbe la ley y no se ha tenido en cuenta que el plan regional del puerto de San Glorio contempla en Boca de Huérgano la ampliación del casco urbano por lo que la mayor parte del suelo productivo concentrado va a ser suelo urbanizable. Recuerdan que gran parte de las nuevas fincas van a carecer de accesos y no se proyecta realizar las presas de riego necesarias para la explotación de las fincas, a pesar de que se está pagando la concesión de agua.
Otra de las irregularidades es que la ley de concentración señala que hay que dejar durante varios años terrenos denominados como «3.000» para los propietarios desconocidos sin embargo «se producen modificaciones importantes entre el proyecto y el acuerdo al adjudicarse el 95% del 3.000 (desconocido) a personas ya personadas con anterioridad en la tramitación de la concentración», según recoge el escritos de los denunciantes.