Los afectados critican que Educación autorizó la FP a distancia sin control
Los perjudicados por el caso de las matrículas exigen a la Junta que asuma su culpa por no extremar la vigilancia al centro ante las dificultades de inspección
Parte de los afectados, durante la manifestación del día 1 ante la dirección provincial.
Las diferencias vuelven a surgir entre la Administración educativa y los afectados por el presunto fraude de las matrículas en el centro privado de formación profesional Tierras de La Bañeza. Los afectados remitieron un comunicado a este periódico en el que aseguran no entender las razones por las que la Junta de Castilla y León concedió autorización a la empresa educativa bañezana para impartir enseñanza oficial si, como aseguró la directora provincial de Educación, Mercedes Fernández, la semana pasada el control de las matrículas resultaba humanamente imposible.
Los afectados no comparten la apreciación de la directora: «En España, más de un millón de alumnos, que por motivos personales o laborales no pueden estudiar de forma presencial, cursan a distancia. Por poner un ejemplo, en la Uned están matriculados entorno a 190.000 alumnos todos los años y lleva funcionando más de 25 años. Si este proceso no pudiera controlarse, hace muchos años que se habría dejado de impartir educación a distancia en España», explica el comunicado.
Privado frente a público. La dificultad que adujo Fernández para el control de las matrículas lleva a los afectados a preguntarse por qué la Administración autonómica optó por un centro privado en vez de por uno público para conceder la autorización y por los méritos y solvencia de Tierras de La Bañeza para hacerse acreedor de la homologación.
En cualquier caso, «si la Junta de Castilla y León concedió tal autorización a sabiendas de que no podría controlar el proceso de matriculación del alumnado, debería, sólo por este hecho, asumir sus responsabilidades. Quienes concedieron la autorización deberían asumir que no han hecho bien las cosas y que ahora existen unos daños colaterales, que somos 110 alumnos (como mínimo), que nos encontramos con las manos vacías y perdiendo nuestros empleos», añade el escrito.
La nota de los afectados se refiere también al modo de actuar de una autoridad educativa que llevó los hechos en conocimiento de la Fiscalía «mucho tiempo después de haberlos conocido, pero no hizo ni siquiera el intento de comunicarse con los afectados, de advertirles que no siguieran pagando, que dejaran de trabajar y de examinarse» y «se limitó a contestarles a medida que éstos iban preguntando por su situación».
Los perjudicados coinciden con la directora provincial en que la huelga de hambre es «una medida lamentable», situación que se plantean «por la avaricia de unos y la incompetencia de otros». El colectivo critica las soluciones adoptadas y la exclusión de la prueba extraordinaria de un grupo de afectados. Además, denunciaron la convocatoria de exámenes para los días 7 y 28 de este mes para alumnos «con matrícula oficial, pero también irregular», al formalizarse un año después del curso.