Sopeña insiste en que si hay problemas de agua en el Órbigo es culpa del PSOE

Una vez más, la alcaldesa de Benavides de Órbigo, y procuradora el PP en las Cortes de Castilla y León, Ana Rosa Sopeña, defendió la política llevada a cabo por la Junta de Castilla y León para solucionar los problemas de abastecimiento en el Órbigo, en contra de las críticas efectuadas por el diputado nacional socialista, Diego Moreno, en su última visita a la comarca. Moreno culpó a Sopeña de frenar la puesta en marcha de la segunda fase se la potabilizadora del Órbigo, para beneficiar a su municipio, y la acusó de perjudicar con su actitud al resto de la zona.

Sopeña quiso comparecer ayer, acompañada por la alcadesa de Villares, Rosa María García, para contestar, documentos en mano, a todas estas acusaciones, fruto, en su opinión, «de tener una información sesgada y de querer camptar a atención informativa sin preocuparse demasiado si se está faltando a la verdad o no». La alcaldesa explicó que después de la puesta en marcha de la primera fase de la planta potabilizadora del Órbigo, construída en Santa Marina del Rey, tras una invesión de 3,9 millones de euros, para abastecer de agua a más de 7.200 habitantes de ocho pueblos, de los municipios de Benavides, Santa Marina, Villares y Villarejo, se planteó la posibilidad de ampliar el proyecto con una segunda fase, para garantizar el suministro de agua al resto de la zona. La Junta realizó entonces un proyecto, presupuestado en 7,4 millones de euros, con los que se abastecería a una población de 9.550 habitantes. Sopeña explicó que después de realizar el proyecto, en plena campaña electoral, los municipios de Carrizo y la Turcia anunciaron su salida voluntaria del consorcio, alegando no estar de acuerdo con la composición del organismo. Además, la localidad de Soto de la Vega, que sufría en ese momento un problema real de abastecimiento, decidió construir una planta propia, para solventarlo lo antes posible. La salida del proyecto de Carrizo, La Turcia y Soto, que representaban el 75% del proyecto, hizo inviable la construcción de la segunda fase de la planta. Todos los implicados se reunieron en Valladolid con el director de Infraestructuras Ambientales, para buscar una solución, que los ayuntamientos salientes se comprometiron a aportar. «Hoy es el día en el que todavía no han comunicado al Gobierno autonómico un proyecto alternativo a la segunda fase o una solución concreta para solucionar el problema de agua que tienen sus pueblos», comentó Sopeña, que no entiende entonces porqué la acusan a ella de frenar esta segunda fase, y de crear desigualdades entre municipios, «ya que son ellos los que se excluyen de los proyectos de la Junta». La alcaldesa lamenta esta situación, ya que «si tuviéramos un poco más de consenso y dejaramos los colores políticos a un lado, haríamos cosas importantes en la comarca».