¿Cómo se explotaba la mina de la Vasco y qué pudo fallar?

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Con el inicio de las declaraciones de los ingenieros que están entre los acusados por el accidente en el Pozo Emilio del Valle se abre también el período de consideraciones técnicas sobre la incidencia que la forma de explotación y las características de ventilación y disposiciones de seguridad tuvieron en las consecuencias del siniestro. 

A las explicaciones de los técnicos se suman los informes periciales que se han ido presentando durante todos estos años. Casi una treintena de peritos han presentado informes técnicos para determinar lo ocurrido y las responsabilidades que de ello se derivan del accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa, y causó lesiones graves a otros ocho. Al informe de la autoridad minera se unen el solicitado por el Juzgado de Instrucción 4 de León, que llevó a cabo la investigación; además del presentado por una parte de las acusaciones. A mayores, una batería de dictámenes y auditorías aportados por la empresa y los ingenieros imputados, sobre las condiciones de la explotación donde se produjo el siniestro, el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad o las condiciones topográficas y de ventilación en las que se llevaban a cabo las labores, algunos de los aspectos más cuestionados por los otros peritos y el fiscal. Que se han ido incrementando también en los dos últimos años, cuando el procedimiento volvió a la fase de instrucción y se introdujeron nuevos informes. 

Informes técnicos sobre las características del macizo y el método de explotación, que coinciden en la peligrosidad del entorno en el que se desarrollaba el trabajo por las peculiaridades no sólo del tipo de carbón, sino de las circunstancias en las que fue avanzando la extracción de mineral en los talleres. Que determinaron además que las calificaciones de riesgo fueran incrementándose, y las exigencias en medidas de seguridad también. Está en cuestión si se siguieron suficientemente, a la vista de que no cumplieron los objetivos para los que se implantaron.

De acuerdo con los expuesto por los informes de las defensas se cumplió con lo exigido y se implementaron medidas adicionales; pero no de forma suficientemente eficiente ni respondiendo a la evidente peligrosidad de los incidentes que se iban sucediendo en los últimos años y meses, según los peritos judicial y de las acusaciones.

Versiones

Con las argumentaciones de estos casi veinte peritos la jueza tendrá que decidir si fue un accidente imprevisible y se cumplían las exigencias reglamentarias o si, más allá de la reponsabilidad civil, se dieron las circunstancias para sustentar las acusaciones de homicidio por imprudencia grave que sostienen el fiscal y las acusaciones. Es decir, si los incidentes registrados eran avisos suficientes como para modificar o suspender las tareas de producción, si hacían temer un accidente, aunque no fuera de las dramáticas dimensiones personales del que finalmente se produjo.

El informe de la Autoridad Minera es el que sostiene que la invasión masiva de grisú se produjo por una rotura de la bóveda (el hueco creado encima del taller, que al realizarse la explotación en zona virgen era señal de alerta de posibles derrumbes), que desencadenó una serie de grandes escapes de grisú y sucesivas roturas en las capas de carbón que liberaron más gas. Al no tener otra vía de salida por no estar explotado en capas superiores, el metano invadió desde el postaller el taller y la galería, hasta llegar al pozo.

Sin embargo, este informe recoge que «los documentos de los órganos de seguridad de la empresa no han aportado ningún dato relevante que ponga de manifiesto alguna anormalidad en cuando a la seguridad».

En cambio el perito que realizó informe a petición del Juzgado de Instrucción considera que no hubo hundimiento de la bóveda, sino un «súbito fenómeno gaseodinámico que causó una invasión masiva de metano en el taller». No por eso considera el incidente imprevisible: existían en su opinión indicios de riesgo numerosos y no se tomaron medidas suficientes para hacerles frente. La ventilación era «manifiestamente mejorable» y mal ubicada y la estructura de personal de seguridad no estaba bien organizada. La «causa última» del accidente fue que «no se ejercieron adecuadamente las funciones en materia de seguridad», concluye.

En cuanto al informe presentado por una parte de las acusaciones, pone en evidencia que el Proyecto de Explotación del Pozo Emilio del Valle no incluía la planta que en ese momento estaba en producción, aunque reconoce que contaba con la aprobación cada año del plan de labores por parte de las autoridades mineras. Cuestiona un plan de emergencia que no contemplaba riesgos de invasión de grisú como el que se produjo; y el avance en la Planta 7ª más allá del realizado en cotas superiores, con las tensiones que implicaba en el terreno. Concluye que lo ocurrido era «totalmente previsible».

Todo lo contrario a las aportaciones de los distintos informes presentados por las defensas, que insisten en que no sólo todas las labores estaban autorizadas periódicamente sino que cumplían la normativa de seguridad, incluso con disposiciones adicionales. Pero nada pudieron hacer frente a un fenómeno «imprevisible» no sólo en cuándo se produjo, sino en la magnitud que tuvo.

Prescripciones posteriores

Lo cierto es que, tras el accidente, la autoridad minera exigió a la empresa para seguir produciendo (no fue posible por las circunstancias que llevaron a la quiebra al sector carbonero a nivel nacional) presentar para el Pozo Emilio del Valle un proyecto de explotación de zonas vírgenes que especificara el carbón que se extraía; actualizar el proyecto de explotación que sólo contemplaba hasta la planta 865 y autorizó el resto de las labores con un plan que ellos mismos aprobaban anualmente y ubicar los ventiladores en una zona con ventilación primaria, «donde se minimice el riesgo de invasión por metano de la labor que ventilan».