Los mineros heridos insisten en que había ‘castigos’ por denunciar quejas

Los comentarios sobre la peligrosidad de la explotación del taller en la planta 7ª del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle eran frecuentes entre los trabajadores, y así lo comunicaron además a los vigilantes que eran sus superiores inmediatos, pero no se trasladaron por escrito en ninguna ocasión. Y eso ocurría porque las represalias a quienes se quejaban o renunciaban a realizar trabajos que consideraban peligrosos o impropios se daban en la Hullera Vasco Leonesa. «Castigos» que se traducían en cambios de turnos o asignación de tareas que suponían menores ingresos. Así lo denunciaron ayer en la vista oral por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros los cinco trabajadores de la empresa que declararon y que están personados como acusación particular, al haber sufrido lesiones que en algunos casos les han llevado a obtener la incapacidad laboral total. Todos ellos arrastran secuelas, sobre todo psicológicas, tras haber participado en un rescate de las víctimas que ayer detallaron también ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de León.

Aunque se ratificaron en las declaraciones prestadas pocos días después del accidente ante la autoridad minera, y un año después ante el Juzgado de Instrucción, sus declaraciones de entonces no se refirieron a irregularidades ni insistieron en la existencia de una bóveda que no hundía ni especiales niveles de grisú en una mina de esa categoría, lo que para algunos abogados de las defensas parece responder a un «discurso oficial» aprendido después.

Ayer prestaron declaración el ayudante minero José Manuel Díez Coque; el picador sutirador Miguel Ángel González Rodríguez; el ayudante minero Abel Viñuela; el entibador Óscar Gutiérrez Calvo y el electromecánico Rubén Maraña. Todos coincidieron en afirmar que entre la plantilla sí había preocupación por las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo en el taller donde se produjo la invasión de grisú.

A pesar de ser una mina especialmente grisuosa y de que se habían producido accidentes en ese y otros macizos, los trabajadores insistieron en que durante las tres semanas que duró la explotación del taller los niveles de metano eran especialmente altos. Porque no se contactó con los talleres superiores (ahí no coinciden todas las versiones) y porque durante muchos días se vio bóveda, a pesar de lo cual todos ellos aseguraron que se siguió sutirando para sacar producción de carbón.

Todos esos temores se manifestaban fuera de la mina, donde según los testigos se temía que en el reparto de tareas les enviasen a ese taller; y se comunicaban a los responsables directos, aunque no al resto de los responsables de seguridad, ni vigilantes ni miembros del comité. Tampoco al delegado minero, que era elegido por los trabajadores. Alguno de los testigos apuntó que los responsables de seguridad no trasladaban esas quejas porque «debían favores», aunque interrogados después por las defensas manifestaron que eran así en general. González Rodríguez insistió en que en la empresa «el abuso de poder era importante», lo que se imponía al «carácter reivindicativo» de los mineros.

Las paradas por metano

Durante las declaraciones se produjeron también momentos tensos a la hora de valorar cuántas paradas realizaron los pánzer, especialmente el día en el que se produjo la invasión de gas que causó la muerte de los seis trabajadores que se encontraban en el taller. Viñuela insistió en que se habían parado «catorce o quince veces» esa mañana, a causa de las subidas de grisú.

Sin embargo, según los documentos que expusieron las defensas, sólo se registraron dos picos por encima del 1,5% del gas que obligaron a parar las máquinas. Y la ventilación general en el grupo se produjo por un fallo mecánico fuera de la mina.

Por lo que se refiere a las medidas de seguridad que estaban establecidas en el Grupo Tablliza, los mineros señalaron que no se observó ningún cambio desde que se produjeron accidentes como el de 2009. Sí reconocieron que recibían el material establecido para la protección personal, incluidos los autorrescatadores; y que conocían las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS). Sin embargo, en aquella época «la empresa (que entró en concurso poco después) ya iba a la baja en todo. También en la cuestión de seguridad».