Mapfre indemniza con 3,239 millones a las víctimas del accidente, a la espera de la resolución judicial
El acuerdo no renuncia a reclamar otras responsabilidades civiles
Mapfre, la aseguradora que es responsable civil directa de tres de los ingenieros acusados por el accidente del Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, llegó ayer a un acuerdo con las víctimas (las familias de los fallecidos y los lesionados) para abonarles el principal de las indemnizaciones solicitadas por el Ministerio Fiscal, más un interés del 8%.
Un acuerdo que no cierra la posibilidad de que las indemnizaciones finalmente fijadas sean mayores, hasta las que reclaman las acusaciones particulares, y esas cantidades puedan ser reclamadas al resto de las aseguradoras y a los demás acusados.
El acuerdo que ayer se presentó en los juzgados de León se refiere a la responsabilidad civil que Mapfre tiene para respaldar al director general de la empresa minera, Mario Calvo Herce, y a los ingenieros José Marcos Ulecia y Javier Martínez Rico.
En cambio está en debate qué aseguradora tiene que hacerse cargo de la responsabilidad civil de José Eliseo Solís, que hasta el 31 de diciembre de 2013 (el accidente tuvo lugar el 28 de octubre) estaba asegurado por Amic Seguros Generales, y a partir del 1 de enero de 2014 por Mapfre. Aún así esta última ha accedido a aportar parte de la indemnización que correspondería a Solís, a la espera de que se resuelva la «controversia judicial» sobre qué aseguradora tiene que responder por él.
Ahora Mapfre tiene un plazo de 15 días para consignar por vía judicial el dinero correspondiente a las indemnizaciones pactadas, que después serán puestas a disposición de las familias. Salvo una de ellas, que llegó a un acuerdo con la Vasco antes de que la empresa entrara en concurso, el resto de las víctimas sigue más de nueve años después del accidente sin haber recibido compensación económica.
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El acuerdo firmado con Mapfre y entregado ayer en el juzgado es independiente del proceso penal que se sigue en este momento, y no supone que las víctimas renuncien a reclamar la totalidad de las cantidades que exigen sus letrados al resto de los acusados, si resultan condenados. Con este acuerdo las víctimas se aseguran el cobro de al menos las indemnizaciones que fijó el fiscal del caso, más los intereses que han pactado los abogados.
Y la aseguradora se hace cargo de esta cantidad, ya que aunque existe la posibilidad de que los acusados resultasen absueltos, lo que no daría lugar a ningún tipo de indemnizaciones, cabría también la posibilidad de que en caso de condena se fijasen los intereses que contempla el artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguros, que podría llegar al 20% anual (lo que más que duplicaría la cifra a abonar).
El interés pactado del 8% se aplica desde el 17 de julio de 2017, cuando oficialmente se dio a la aseguradora parte de su implicación en el siniestro, hasta el 20 de febrero pasado.
El acuerdo contempla que no se reclamen más cantidades contra Mapfre por sus tres asegurados en concepto de indemnizaciones civiles, gastos, costas procesales y otros que tuvieran que ver con el accidente. Aún en el caso de que por parte del Ministerio Fiscal finalmente se incrementasen las cantidades reclamadas en las conclusiones finales.
Todos los perjudicados por el accidente se reservan el ejercicio de acciones civiles contra Amic como responsable del seguro de Solís en el caSSso del excedente entre lo pagado por Mapfre y las cantidades que reclaman las acusaciones. Y ceden a esta aseguradora los derechos y acciones civiles contra todas las personas físicas y jurídicas que resulten civilmente responsables del accidente.