Así fue el juicio en la jornada de ayer

La jueza informa del acuerdo alcanzado por Mapfre con las familias de los fallecidos y los lesionados, y pregunta a los letrados si renuncian a alguna de las testificales relacionadas con los informes médicos. Y no renuncian porque la cantidad pactada no cubre toda la solicitada por las acusaciones particulares. 

Y las defensas insisten en que no puede practicarse la prueba pericial del perito judicial como cierre del juicio, porque las periciales de la acusación tienen que practicarse con carácter previo a que luego las defensas puedan oponer sus argumentos a las pruebas periciales de la acusación. Consideran que es una anomalía que el perito judicial declare el último y que todas las pruebas periciales de la acusación deben practicarse con carácter previo a las de las defensas. 

También el informe pericial de Minas debe ser defendido por los cuatro peritos que lo realizaron el mismo día, como ya propuso en su día la magistrada. Y como es prueba de cargo tienen que practicarse antes de las pruebas de las defensas.

El fisca, por su parte, señala que las pruebas de la defensa deberían ser posteriores, como se establece en la Ley Procesal. Sin embargo apunta que viene calificada como pericial sólo la de Riesco, los demás están citados como testigos peritos. Y esa es la causa del orden de las declaraciones, que deben ser anteriores a los peritos. Aunque señala que las justificaciones de las defensas pueden ser discutibles. En cuanto al informe de Minas, el fiscal entiende que no es pericial, sino de testigos peritos porque han actuado en sus cargos de funcionarios. Y han elaborado un informe que forma parte del expediente de la autoridad minera. Tampoco muestra inconveniente en que declaren a la vez. 

La magistrada defiende que el orden lo establecieron el fiscal y las acusaciones particulares, a parte de la denominación de los testigos peritos o peritos. 

Las acusaciones se oponen a la petición de las defensas, porque los testigos peritos "no son pruebas de ninguna de las dos partes", sino que son peritos judiciales asesores del procedimiento judicial sin predeterminar de qué parte son. Y entienden que el orden de declaración es el correcto. Señalan también que pudieron reclamarlo con anterioridad y no es el momento procesal oportuno. Y señalan que los peritos de Minas sólo realizan un informe en el desempeño de su cargo para hacer unas recomendaciones a la empresa, y aunque el informe se ha incorporado en el procedimiento no se trata de un informe pericial. Y en todo caso es un informe, no por parte de nadie. 

Por lo que la jueza comunicará mañana su decisión, y a la posibilidad de hacer cambios en la agenda en función de la disponibilidad de las personas afectadas.

 

Las declaraciones

El juicio oral por el accidente del 28 de octubre de 2013 que causó la muerte a seis mineros en el Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa, y lesiones a otros ocho, continúa. Hoy comienzan a declarar los 19 testigos de las defensas, después de que las semanas pasadas lo hicieran los de las acusaciones.

Está previsto que por el Juzgado de lo Penal 2 de León pasen hasta el 30 de marzo un total de 99 personas. Hasta ahora ya lo han hecho los 16 acusados, entre los que se encuentran los responsables de la empresa, los directivos, ingenieros y responsables de seguridad.

Desde el 20 de febrero han prestado declaración los 34 testigos citados por las acusaciones, mientras que a partir de hoy lo harán los 19 de las defensas. Posteriormente, entre los días 15 y 27 de marzo se escucharán las versiones de los peritos.

12.20

Aránzazu Reyes Jiménez realiza su declaración por videoconferencia. Es la responsable de Adartia, correduría de seguros. Señala que firmó pero no redactó el acuerdo que se exhibe. Se fusionó con Alkora en 2018, y no le consta que le comunicaran a José Eliseo Solís ninguna cuestión, porque sólo remitieron al juzgado la documentación que constaba en sus bases de datos.

También le preguntan si además de Adartia comprobaron que a la fecha de comunicación Solís tenía un seguro vigente con Mapfre. Le preguntan si cuando recibieron comunicación del siniestro lo trasladó a la compañía, la declarante asegura que sí, que es su obligación. Si trasladaron a Mapfre y a Amic la póliza del ingeniero jefe. Responde que el escrito señala que el accidente se comunicó a Mpafre y Amic. Las acusaciones le preguntan si la responsable de Adartia no sabe a quién se comunicó ni qué pasó con un siniestro con una cobertura de más de dos millones de euros, y ella insiste en que no tuvo intervención en el caso. Y que no tiene constancia de que Solís comunicada el accidente en su momento. 

Finaliza la declaración.

12.05

Las defensas preguntan al secretario general del consejo de administración de la Vasco si la empresa se puso en contacto con las familias para negociar el pago de una indemnización, señala que lo hizo la estructura de recursos humanos de Santa Lucía, y el objetivo era "resarcir a todos". Y se llegó a un acuerdo sólo con una persona porque la empresa entró en preconcurso. Y que con el resto de las personas no se llegó a un acuerdo por la cuantía de la indemnnización exigida. Y se hizo así a pesar de que todos los informes realizados señalaban que el accidente se produjo por un escape de gas imprevisible. 

Indica también que el consejo de administración nunca recibió ninguna queja de que los vigilantes no estuvieran cumpliendo sus funciones.

Blanco "cree recordar" que la póliza suscrita con Chubb Insusance sí tenía cubierto el período en el que se produjo el accidente, su correduría de seguros es Corsegur, que contestó que este accidente no estaba cubierto por el seguro.

Se da por finalizada su declaración. 

 

11.10

Señala que la documentación que se requirió después del accidente "sería a través de la dirección general". Y en el momento del preconcurso y luego concurso de acreedores de la sociedad en 2015 se entregó a los administradores concursales. Aunque no sabe si se siguió el mismo proceso con la documentación técnica. 

Señala que el director general Mario Calvo Herce tenía la confianza del consejo de administración, y que eran los consejeros quien revisaban. Y que la empresa siempre tuvo seguro de responsabilidad civil, pero no en el año 2013 tenía seguro de responsabilidad civil patronal la empresa, porque "en años anteriores se demostró que ninguna compañía quería cubrir el riesgo de este tipo de empresas. Las compañías con las que teníamos relación tenían que acudir al reaseguro, y las primas eran totalmente desproporcionadas". 

"La última propuesta para cubrir la responsabilidad civil patronal superaba los 100.000 euros". Así que "siempre había una especie de autoaseguro en el propio convenio colectivo de la empresa para indemnizaciones en determinados casos". Sobre si en 2014 y 2015 se reservó presupuesto para este accidente, señala que "la empresa siempre intentó llegar a un acuerdo con las familias para compensar a los afectados"; y de hecho se pactó una indemnización con una de las viudas. "Lo que no implica en absoluto, rotundamente lo niego, que esas indemnizaciones supusieran el reconocimiento de responsabilidad alguna en falta de medidas de seguridad en el trabajo". 

Y que luego la situación económica de la empresa se complicó y "no pudo negociar" con el resto de las víctimas.

El secretario señala que el consejo de administración tenía un seguro de responsabilidad civil personal de los consejeros, suscrita con Chubb Insurance, que no se ha aportado a la causa y no aparece. No recuerda los capitales asegurados ni por qué no aparece en el proceso. Y reitera que toda la documentación societaria la entregó al administrador concursal.

No recuerda el contenido de las sentencias que declararon nulos los despidos de los ingenieros en abril de 2013, pero señala que "si se hacía alguna recomendación en materia de seguridad, seguramente se tuvo en cuenta". El letrado le recuerda que esas sentencias hablaban de incumplimientos en materia de seguridad, pero el secretario del consejo no lo recuerda. 

Insiste también a que el pago de la indemnización a una de las viudas no suponía de ninguna manera que la empresa "reconociera la más mínima responsabilidad" en el accidente. Y que "siempre fue costumbre" en la empresa otorgar estas indemnizaciones.

Sí reconoce que el consejo de administración fue informado de los accidentes graves y muy graves, pero sobre los relacionados con el gas sólo recuerda uno "muy grave" de los años 60. 

A preguntas de las acusaciones reconoce que no suscribir el seguro de responsabilidad civil patronal supuso un ahorro para la empresa, pero no la relaciona con la situación de concurso de acreedores, porque ya "en años de bonanza" habían quedado ejercicios también sin cubrir.

 

10.29

Comienza la declaración del primero de los testigos de las defensas, Francisco Blanco Balín, secretario del consejo de administración y letrado administrador del consejo, llevaba en el cargo de letrado desde 1985 y de secretario desde 2005. Señala que en 2013 el consejo de administración estaba formado por ocho miembros, y sólo Antonio y Arturo del Valle Alonso tenían delegadas todas las facultades del consejo. 

Era una sociedad cotizada y tenía que cumplir la normativa de la CNMV, y en su informe anual de gobierno corporativo estaba establecida por el Ministerio de Economía y Hacienda. Que establecían que el mero hecho de ser empleado de la sociedad implicaba la categoría de consejero ejecutivo, aunque no tuviera competencia delegada. Por eso Aurelio del Valle Jover estaba como consejero, pero no tenía capacidad de decidir. Y no había más contrato de alta dirección que el del director general. Aurelio del Valle dependía del director de Recursos Humanos. 

El consejo de administración se reunía mensualmente menos en agosto. Y era la dirección general la que informaba de cualquier incidencia de producción o seguridad. Que asistía a todas las reuniones e informaba personalmente. En concreto en octubre de 2013 Blanco señala que al consejo de administración no se le comunicó ninguna incidencia del macizo 7º, planta 7ª E que implicara ninguna "alarma extraordinaria que pusiera en jaque al consejo". Ni se les informó de que hubiera un peligro "inminente e importante". 

El consejo también tenía conocimiento de las auditorías bianuales que realizaba Audinor sobre la normativa de seguridad en la empresa. 

Y tras el accidente del 28 de octubre de 2013 el consejo "trató de conocer las causas por las que se había producido tan fatal accidente". Y se solicitaron varios informes: al Laboratorio Madariaga, Aitemin y otros. No se concluyó que hubiera ninguna falta de seguridad. 

También señala el secretario que no tiene conocimiento de que el presupuesto en seguridad se redujera a pesar de las dificultades de la empresa y del sector minero. "Sí puedo decir que en la Hullera Vasco Leonesa la seguridad siempre fue una preocupación fundamental, y cada año se celebraba un mes de la seguridad destinado a concienciar a todos los mandos en este asunto, dado la peligrosidad que tiene el sector minero en general, y en especial esta mina calificada como de riesgo". 

La defensa pregunta si el consejo de administración tuvo conocimiento del despido en abril del responsable de seguridad y del jefe de la Brigada de Salvamento, a lo que señala que sí, que informó el director general. "El consejo refrendó la decisión del director general y su única preocupación fue que esos puestos se ocuparan de nuevo por personal cualificado". 

El fiscal pregunta a Blanco Balín sobre la situación de Aurelio del Valle en el consejo de administración. "Era consejero y empleado, por eso había una orden ministerial que regulaba perfectamente cuál era la estructura del informe anual de gobierno corporativo, que definía los tipos de consejeros". Y era el único consejero con los hermanos Del Valle Alonso. Del Valle Jover sí tenía una participación en el capital de la sociedad, "aunque no significativa". 

El ministerio fiscal pregunta si el consejo trató nuevas autorizaciones para abrir nuevas plantas, pero el secretario señala que la preocupación del consejo era que se contara con todas las autorizaciones para explotar, aunque no recuerda casos concretos. Ni tampoco sobre una estructura de seguridad que tuviera que ser autorizada por la autoridad minera. "Nunca se produjo ninguna alarma por falta de autorización administrativa". 

Comienza el interrogatorio por parte de las acusaciones. Que preguntan por qué si la máxima preocupación era la seguridad se respaldó al director general frente a los responsables de seguridad. Le preguntan por el despido de otro responsable de seguridad, Jaime Sierra, años atrás. Aunque estaba en el consejo. 

Insiste en que no hubo alarma en el consejo en ningún momento de que hubiera algún problema de seguridad, aunque "era una preocupación constante y una prioridad, pero nunca se tuvo conocimiento del que se pudiera deducir que hubiera un riesgo inminente en materia de seguridad". En la historia de la Vasco nunca se convocó ninguna reunión extraordinaria por problemas de seguridad. 

No recuerda los accidentes que se produjeron con anterioridad a 2013, ni que en el consejo se adoptaran medidas excepcionales de seguridad por esa causa. "Era habitual que se produjeran modificaciones sobre seguridad en las directivas técnicas", aunque "no eran competencia del consejo", sino de la autoridad minera. Aunque "sería informado". 

El consejo sí tenía conocimiento de los planes de labores, y repasaba que tuvieran los permisos. Y que supervisaban los planes de seguridad y prevención. Aunque no puede concretar si el del 2013 era el de ese año, y no al de anteriores. Y es su responsabilidad proponer las modificaciones si se detectan anomalías, aunque no recuerda que se produjera ninguna. 

 

 

9.55

Llaman a declarar a Fermín Monasterio González, que no ha sido citado porque no ha sido localizado. El abogado que lo había citado renuncia al testigo.

Tampoco comparece como se había comunicado a Manuel Ángel Carranza. 

 

9.44

La jueza llama a declarar a Diego Gómez Blas, uno de los últimos testigos de las acusaciones. Era ayudante de minero en el 9º, en la 2ª planta. Explica que en algunos momentos trabajó en el macizo 7º, aunque nunca recibió formación específica para trabajar en ese macizo. Y que sí había mucho gas allí. Explica que dejó su autorrescatador para otros compañeros que entraban al rescate de las víctimas, reconoce que no se debe hacer pero "en ese momento ni lo pensé". Y fue una práctica generalizada. Y que allí había superiores jerárquicos en seguridad. 

A preguntas de las defensas, señala que no recuerda si desde que comenzó a trabajar en la planta 9ª estuvo en la 7ª, a parte del día que ocurrieron los hechos. "Nos pidieron los autorrescatadores y me dijeron que me quedara fuera para sacar a las víctimas". Y que sí había alguna organización sobre las personas que entraban y las que salían. 

Finaliza su declaración.