Así fue el juicio en la jornada de ayer

La vista oral por el accidente que el 28 de marzo de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle continúa hoy en el Juzgado de lo Penal 2 de León. La jueza decide esta mañana si admite la protesta de las defensas y modifica el orden de declaración de los peritos, de forma que el que realizó el informe a instancias del juzgado preste testimonio en primer lugar, para no perjudicar la defensa de los 16 acusados.

Un cambio al que se oponen las acusaciones, que consideran que, al igual que los cuatro peritos que realizaron el informe de la autoridad minera, declaran como testigos peritos, y no en defensa de sus informes. Una tesis que sostiene también el fiscal, aunque no se opone al cambio.

Hoy están llamados a declarar otros cinco testigos de las defensas. El primero, Fernando Bandera González, jefe entonces del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. Declaran también Daniel Cañón, Daniel Capel, Víctor Manuel González Andrés y Sergio Suárez Barredo. 

14.11

La jueza pregunta a Víctor Manuel González Andrés sobre las numerosas cuestiones acerca de la verticalidad de la explotación y su situación respecto a la planta superior. El ingeniero declara que al final lo que se sigue es la capa de carbón. La magistrada pregunta sobre cómo se sabe que se ha contactado con la capa superior, y la respuesta es la caída de minados superiores. Lo que significa que se han contactado. El ingeniero insiste en que las capas no tienen por qué tienen que ser simétricas, ni los talleres en el mismo lugar. Y que tanto en la capa 6ª como en la 7ª había culatón, propio de este tipo de explotaciones, que tampoco tendrían por qué coincidir.

La jueza cita para mañana a uno de los testigos citados para hoy, Sergio Suárez Barredo.

12.50

Señala al fiscal que entró en la empresa en agosto de 2013. Y no apreció que había un nivel de grisú más alto que en otras zonas de la mina. "Por eso teníamos esas medidas preventivas". Y reitera que la galería estaba avanzada correctamente, porque cuando se define un yacimiento primero se hace geológicamente, y hay que conocer las características y buzamiento para saber cómo explotarlo. 

El fiscal expone unas páginas del informe pericial de Riesgo, que incluye los planos que la empresa envió a la Junta de Castilla y León. El ingeniero reconoce el mapa, aunque no ve ninguna irregularidad. 

Preguntan las acusaciones. Insiste en que no avanzaban a ciegas, "sabíamos más o menos dónde estaba la capa". El vigilante era Manuel Conejo para Planificación. No recuerda si levantaban acta de las reuniones semanales que celebraban. "La guía estaba donde estaba, la galería donde tenía que estar, y el error topográfico se dio en los despachos, quiero destacar esto. No sé si se corrigió antes o después de explotar el taller". 

Cuestionan cómo pudo producirse un desprendimiento instantáneo de gas si se realizaban tareas de desgasificación, y el ingeniero explica que "en el carbón sigue habiendo gas". 

Las acusaciones preguntan al ingeniero por la presencia de algunos compañeros en el rescate de las víctimas, como han hecho otros letrados. 

El interrogatorio se centra en cuestiones técnicas de la disposición de las capas, y cómo se explotaban. La jueza pide a instancias de las defensas que las preguntas de las acusaciones se centren en el trabajo que hacía el testigo, que no era el trabajo en el taller. 

Las acusaciones le preguntan qué experiencia minera tenía antes de entrar en la Vasco, dos meses antes del accidente. González Andrés responde que eran en túneles y canteras. El testigo no recuerda si entró en el taller accidentado en los dos meses en los que trabajó en la Vasco, para sorpresa de la acusación. Si no recuerda que entró, no puede recordar si vio alguna irregularidad, señala el letrado. Que cuestiona cómo puede haber sacado entonces sus conclusiones. La jueza apunta que se ha referido al avance de las galerías y a la desgasificación. "No sabía si había bóveda o no, ni cómo estaba el avance del taller". 

Pero "seguí trabajando en esa empresa y estábamos muy interesados en las causas del accidente". La magistrada llama la atención al letrado y señala que el testigo ha manifestado su opinión, y no es un perito. 

Conoce lo que pasó en el taller por lo que "leía en los libros de relevos, y lo que se comentaba". Los letrados cuestionan sus conclusiones al llevar sólo 2 meses trabajando en una mina; y sus conocimientos sobre la "conclusión personal" de que se produjo un desprendimiento instantáneo.

Las acusaciones le cuestionan también sobre su participación en el comité de seguridad, y el control de los vigilantes que había dada la peligrosidad de la explotación. El testigo indica que nadie le ordenó entrar a por las víctimas, "fue una decisión completamente personal". 

A preguntas de las defensas, señala que actualmente es gerente de una mina en Huelva en la que ostenta una responsabilidad directiva. 

"Allí arriesgamos todos la vida, pero no había otra cosa que hacer", señala el ingeniero tras una serie de preguntas de las defensas sobre cómo se utilizaban los autorrescatadores y cómo se desarrollaron las tareas de rescate. 

También señala que en la visita posterior al taller no se apreciaba ningún signo de que hubiera caído la bóveda.

12.12

Comienza la declaración de Víctor Manuel González Andrés, trabajaba en la Vasco como ingeniero técnico de Minas encargado de preparaciones en Tabliza. La defensa de los ingenieros de la empresa le pregunta cuál era su trabajo, controlar a la UTE encargada de realizar las galerías en calidad y seguridad de las labores. Formaba parte de la estructura de planificación de la empresa, que dependía del director general; y reportaba a José Luis Rodríguez, director de Planificación. No dependían del director facultativo. 

Supervisó las labores de la galería del macizo 7º Este. Todos los viernes por la mañana se reunían con el director general, el director de Planificación, el ingeniero facultativo y el jefe de la UTE para hablar de las incidencias que había habido y el plan de la siguiente semana. También se comentaban temas de seguridad, aunque "en ningún momento" se comentó que hubiese peligro de avenida de grisú. 

Sobre el error topográfico detectado en el diseño de la galería, señala que en el avance siguen la capa de carbón, y luego se realiza el mapa; no siguen un plano previamente marcado. "Intentamos seguir el muro de la capa porque eso favorece la explotación". Y no recuerda haber hablado de ese error, "creo que era de trabajo de oficina, al hacer el plano. La realidad es que la galería estaba bien". Y niega que no sabían dónde avanzaba la galería, como defienden las acusaciones. "Las capas tienen un buzamiento y la seguimos". 

El abogado de los ingenieros de la Vasco pregunta si en la labor de avance se tomaron medidas especiales por la calificación de la mina como muy grisuosa, para evitar problemas con el gas. "Sí, se realizaba la velocidad de desorción del carbón a cada pase, y si estaba por encima del 1,5%, que son las normas del Pozo Emilio, más restrictivas que en otras minas, se paraban las labores y se realizaban tiros de desgasificación o se dejaba desgasificar antes de volver a entrar". 

Recuerda que la llave era menor en esta galería que en otras, "me llamó la atención y pregunté; me dijeron que era para ayudar a desgasificar". Entre otras medidas de seguridad que se tomaban a mayores que en otras explotaciones. 

González Andrés niega que se trabajara en ambiente de miedo, y dice que "en absoluto, por seguridad no", se han cambiado las condiciones de ningún trabajador. El día del accidente había pasado por los macizos. Se encontraba en la planta 9ª, y oyó un ruido. "Me llamó la atención, era como un disparo con microretardos, una ametralladora". El vigilante de la UTE me dijo: "Eso es el gas". Luego ya oyó "personas agitadas hablando, no entendía", por los interfonos. 

Bajó a la planta y se puso el autorrescatador, pensó: "Hasta aquí llegué". Ayudó a sacar a Moure, pero "ya íbamos al límite". Intentó reanimar a la gente que salía, con "el caos que se organizó allí". Recuerda que estaba señalizada la salida, y que había camillas. 

Señala que es también miembro del comité de seguridad del Pozo Emilio, y que los días anteriores realizaron recorridos de seguridad. En uno de ellos participó uno de los fallecidos. "Al comité de seguridad no llegó ninguna queja de ese pozo, y nadie puso de manifiesto que algo se estuviera haciendo mal". 

Para el ingeniero "ha sido un fenómeno gasodinámico tan grande que no había posibilidad de predecirlo". 

 

11.51

Preguntas las defensas. Rechaza que el actuario Juan José Vidal Lombas pudiera tener alguna relación con la empresa; y que cree que durante los años en los que él estuvo en la inspección no se ha expedientado a la empresa, en las 80 visitas que se realizaron. Tampoco conoce que la autoridad minera sancionó al actuario tras abrirle un expediente después del accidente.

A preguntas de la jueza sobre si el ingeniero actuario debería visitar cualquier explotación que comenzase en la mina, Bandera señala que no, que ellos establecían sus visitas. Finaliza la declaración.

11.43

La jueza abandona la sala para pedir silencio en la sala contigua, donde están los familiares. 

11.15

Siguen las preguntas de las acusaciones, y Fernando Bandera señala que posiblemente el Pozo Emilio es la única mina de la provincia de categoría 3, altamente grisuosa. Tras el accidente de 2009 se impusieron prescripciones para mantener durante un año, y después de ese tiempo no hubo más resoluciones. Insiste en que desde 2009 hasta 2013 se hicieron más de 80 inspecciones a esa mina, aunque no recuerda cuándo fue la última. "Puede ser que sí fuera en agosto", tres meses antes del accidente, aunque no lo sabe seguro. 

La acusación insiste en si no eran pocas visitas para la que se consideraba la mina más peligrosa de León. 

Sobre quién debe modificar el plan de explotación si las condiciones cambian, el testigo señala que la obligación es de la empresa. 

10.05

La jueza prohíbe al público que asiste a la sala contigua a donde se celebra la vista que no podrán abandonarla salvo cuando se detengan las declaraciones, y señala que se refuerza la seguridad fuera de los juzgados a petición de una de las defensas. 

Comienza la declaración de Fernando Bandera González, jefe entonces del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. Es ingeniero técnico industrial. La defensa pregunta si en su cargo tenía conocimiento de las labores en la mina. Señala que sólo la tuvo cuando los cuatro técnicos que realizaron el informe del accidente y le señalaron que las labores no estaban amparadas por el proyecto, aunque en conversaciones posteriores con el actuario de minas le demostró que sí estaban contempladas. 

Se trataba de un proyecto tipo, de repetición de labores. Señala que el actuario de minas analizó el proyecto y estaba de acuerdo con la legislación. Y que la competencia para aprobar los planes de labores sí era suya, como que las labores de ese plan para 2013 estaban actualizadas. Aprobación que se hacía con el informe del técnico de minas y el jefe de la sección de Minas, "que son los técnicos que conocen la mina". 

Señala desconocer si los métodos de explotación de todos los sucesivos planes de labores aprobados eran idénticas, porque es cuestión del conocimiento de los técnicos de minas. Y destaca que había "multitud de visitas, en concreto la Hullera ha tenido multitud de inspecciones", para seguir sus avances. Y que según el actuario las labores que se llevaban a cabo en 2013 estaban contempladas en los planes aprobados.

En todo caso señala que sus competencias eran en muchos sectores, así que su tarea cuando le pasaban la firma era comprobar que el informe era el realizado por los técnicos del servicio. Y que cuando se autoriza un plan de labores siempre hay una confrontación por el técnico, como ocurrió en este caso, en el que también se realizaron visitas. No recuerda ninguna queja sobre la preocupación de la seguridad, aunque en el servicio todo el mundo podía ponerlas. 

"Cuando llegué me dijeron que esta mina era absolutamente ejemplar. Que había gas, y todo cuando puedes encontrar en una mina. Pero también era ejemplar en seguridad". Era el año 2008. Todos los planes de seguridad, proyectos, planes de labores, etc. tenían que contar con la autorización de Minas. 

La defensa le pregunta si la empresa cumplía las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS), señala que de no ser así los técnicos habrían propuesto sanciones. Y que la DIS es desarrollada por una cadena de técnicos de minas, y tiene carácter normativo. La DIS se aprobó el 2 de agosto de 2013. 

Bandera señala que el informe realizado tras el accidente se hicieron "algunas propuestas", y que eso sí lo firmó. Pero no sabe por qué ese informe insistía en que la mina era sospechosa de desprendimiento instantáneo. El informe se propuso desde la Dirección General de Minas, ya que "ante una desgracia tan grande" era necesario que fueran varios los inspectores que trabajaran en la investigación del accidente. 

A preguntas del fiscal señala que el plan de labores es independiente de otras autorizaciones que se puedan requerir. Y destaca que el informe del accidente dice que esa planta no estaba dentro del proyecto autorizado en 1999. "Pero el actuario me dijo que el método de explotación era idéntico, y que la planta sí estaba contemplada. Incluso plantas inferiores a la que registró el accidente". 

Indica también que la propuesta de que la mina hubiera sido declarada de cuarta categoría tiene que partir del actuario. Que debe ser ratificada por el jefe de la Sección de Minas.

Por parte de las acusaciones se le pregunta si el proyecto tipo es el marco al que han de adecuarse los planes de labores sucesivos, y que no pueden extralimitarse de él. El proyecto de 1999 habla de las plantas 945 y 864, y el testigo reconoce que la planta inferior no está señalada en ese documento, aunque en otros que le mostraron después sí. También le señalan que el taller accidentado se inició el octubre, así que la autoridad minera no visitó ese taller. 

Se explica también que las DIS son responsabilidad del director facultativo, aunque lleve la aprobación del comité de seguridad. 

Sí reconoce el jefe del Servicio Territorial de Industria que firmó la propuesta de que se suspendiera la actividad en mina, aunque lo hizo a instancias de los técnicos. E insiste en que no tiene conocimientos para supervisar un plan de labores ni los planes de seguridad y salud.

El día del accidente sí acudió al Pozo Emilio, aunque ese día no bajaron al taller de explotación. "Aquello era un ambiente tenebroso, de pena y de desgracia". Supone que dieron la orden de paralizar inmediatamente las labores, cuando se iniciaron las investigaciones. Y en mayo de 2014 se aprueban unas prescripciones para continuar la explotación.