Las víctimas de la Vasco defenderán más indemnizaciones con informes médicos

Las familias de las víctimas mortales y de los lesionados por el accidente del 28 de cotubre de 2013 en el Pozo Emilio del Vallo de la Hullera Vasco Leonesa llevarán a cabo las testificales relacionadas con los informes médicos que están previstas en la vista oral del Juzgado de lo Penal 2 de León, ya que pese al acuerdo alcanzado la pasada semana con Mapfre (la aseguradora de al menos tres de los ingenieros acusados, y que recoge las cifras solicitadas por el fiscal) las cantidades reclamadas por los afectados a través de sus acusaciones particulares son superiores, y no renuncian a ellas. Así lo manifestaron ayer los abogados de las acusaciones a preguntas de la magistrada.

Que comunicará hoy además si atiende la petición de las defensas de que se considere la declaración del perito judicial como uno de los informes periciales del caso, con lo que tendría que declarar al principio del calendario de estas comparecencias, y no al final, lo que en opinión de los letrados va contra los intereses de sus defendidos. Y en contra de lo que exigen las acusaciones particulares, que consideran que tanto el perito judicial como los cuatro de la autoridad minera que comparecerán ante el juzgado lo hacen como testigos peritos, y no en defensa de un informe pericial como otros de los que se presentan.

Las defensas

La vista oral que ayer se retomó, en la que es la quinta semana del juicio, concluyó con las declaraciones de los testigos de las acusaciones (sólo prestó testimonio uno de los tres citados), y comenzó con el turno de los testigos citados por las defensas.

Así compareció Francisco Blanco Balín, que fue letrado del consejo de administración y secretario de este organismo de la Hullera Vasco Leonesa, en la que trabajó desde 1985. Y que a parte de detallar la implicación en la toma de decisiones de Aurelio del Valle Jover (señaló que únicamente tenían poderes para tomar decisiones Antonio y Arturo del Valle Alonso) explicó que era el director general (Mario Calvo Herce) quien informaba a los consejeros de cualquier incidencia en la producción o la seguridad de la empresa minera.

«Nunca se comunicó al consejo de administración que hubiera un peligro inminente e importante», y los consejeros «nunca recibieron una alarma importante», insistió en señalar Blanco; quien reiteró a lo largo de su declaración que la seguridad «era una preocupación constante y una prioridad», y que «nunca se tuvo conocimiento de que ocurriera algo de lo que pudiera deducirse que hubiera un riesgo inminente».

Reconoció que nunca se convocó ninguna reunión extraordinaria por problemas de seguridad, y repitió que no recordaba accidentes anteriores a 2013 relacionados con el gas en el Pozo Emilio, más allá de uno muy grave en los años sesenta. Igual que insistió en que la indemnización acordada con una de las viudas de las seis víctimas mortales no implica «de ninguna manera, tajantemente no, el reconocimiento de ninguna responsabilidad en el accidente por parte de la empresa»; y que esta forma de resarcir a las víctimas era «una forma de hacer habitual en la empresa. Siempre fue costumbre». Y no se llegó a más acuerdos, aunque se negociaron, porque la empresa entró en situación concursal.