Los sindicatos de la Vasco critican que Minas se negara a investigar el postaller

Dos de los delegados sindicales de USO en la Hullera Vasco Leonesa en el momento del accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle declararon ayer ante el Juzgado de lo Penal 2 de León que pocos días después del suceso visitaron el taller con los técnicos de Minas, que se negaron a averiguar en qué condiciones había quedado el postaller, lo que en su opinión habría arrojado luz sobre lo ocurrido. También se negaron a firmar el informe que los ingenieros de la empresa presentaron al comité de seguridad, del que formaban parte, porque el detalle de lo que había tras los postes era imposible saber si el escape de grisú se había debido a una caída de la bóveda o a un desprendimiento instantáneo.

Tanto Miguel Sánchez García como Manuel Alcalde García participaron en el recorrido de seguridad que el comité hacía semanalmente, y se llevó a cabo el 24 de octubre, cuatro días antes del accidente. Ninguno de los dos vio nada que no fuera normal, y aseguraron ante la magistrada que nadie les comentó que existiera temor o inquietud por las subidas de grisú que se registraban en el taller, y de las que aseguraron no tener constancia más allá de que se trataba en general de una mina grisuosa.

Sánchez, que consiguió prejubilarse con la categoría de sutirador tras reclamarla en el juzgado, señaló que no recordaba que se hubieran denunciado incidentes en la explotación en los días anteriores, y que «supone» que se cumplían las disposiciones internas de seguridad (DIS) establecidas para esta mina. Sí sabe que en 2013 se aprobó una DIS específica para minados en zona virgen. «Sí nos lo presentaron, intentamos que se recogieran más mejoras pero nunca se recogían. Firmamos porque había mejoras en seguridad».

También señaló que «la autoridad minera nunca nos hacía caso»; y no contaba con los sindicatos en sus visitas.

Sí les acompañaron en la inspección de los días posteriores al accidente, en la que observaron que «todo estaba perfecto, no se había movido nada y l as pilas estaban recebadas». Sin embargo al salir pidieron que se comprobara qué había en el postaller. «Minas prohibió que volviésemos a entrar, y no quisieron saberlo».

Una versión que fue refrendada por Manuel Alcalde, electromecánico, que también señaló que el macizo 7º «tenía sus peculiaridades, pero nadie dijo nada de un peligro inminente».

Los dos sindicalistas se refirieron al despido de dos ingenieros en abril de 2013, y reconocieron que se debió a que se negaron a entrar (y que lo hicieran los trabajadores) a una zona del Flanco Sur que se había incendiado. El director general pretendía que se colocaran allí metanómetros, y los técnicos se negaron porque había peligro «Seguimos el caso, y cuando el juzgado determinó la improcedencia de los despidos exigimos el cese del director general». No señalaron que hubiera casos de represalias con la asignación de tareas que suponían menores ingresos a los mineros que presentaban quejas, aunque Sánchez reconoció que por reclamar la categoría con la que se retiró sí le tuvieron un tiempo «limpiando parva».

Alcalde participó en los rescates, e insistió en que sabían que el plan de evacuación decía que tenían que salir, pero acudieron voluntariamente.