Los peritos afirman que se cumplía con toda la normativa de prevención

Los peritos que ayer testificaron en el Juzgado de lo Penal 2 de León por el accidente que causó la muerte a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle el 28 de octubre de 2013 ratificaron que la empresa cumplía toda la normativa establecida para prevención y seguridad, y que el accidente se produjo por un desprendimiento instantáneo de grisú que era imposible de prever. Todos ingenieros de Minas, testigos de la defensa de los técnicos de la Vasco acusados en el proocedimiento, declararon sobre las auditorías que se llevaban a cabo bianaualmente y sobre las conclusiones de las medidas de seguridad y las causas del accidente, en informes que encargó la propia empresa minera tras el accidente.

Declaró primero José Antonio Alonso Megido, de Auditores del Noroeste, la empresa encargada de realizar las auditorías en la Hullera entre 2004 y 2014, hasta que se abandonó la actividad minera. Explicó que en la auditoría realizada en 2012 se detectaron fallos en la estructura de prevención de la empresa, pero que tenían que ver con cómo se recogían documentalmente las categorías de acuerdo con el cambio de normativa que se había producido. «En ningún caso afectaba a las medidas de seguridad, que no sólo existían sino que se cumplían».

El ingeniero y experto en prevención y seguridad señaló que todo lo detectado se subsanó a principios de 2013 y en cualquier caso «no tuvo nada que ver con el accidente». Indicó también que el plan de prevención era «conocido y practicado con simulaciones», y que la empresa tenía «tradición» en políticas de seguridad. De hecho, aunque la reducción de la actividad minera en los últimos años redujo a la mitad su plantilla, el prespuesto en seguridad se redujo sólo de 1,6 millones de euros anuales a 1,3 millones.

El técnico concluyó que la ventilación que había en la explotación era la adecuada y que las medidas de prevención establecidas eran suficientes para la peligrosidad de la actividad que se realizaba.

Al fiscal contestó que los cambios que se hicieron en el organigrama de seguridad no produjeron confusión y los cargos eran compatibles con la vigilancia que tenían que ejercer; mientras que a las acusaciones respondió que entró al taller siniestrado en 2014, pero «a actualizar la auditoría, no ha hacer una investigación paralela del accidente, que no era nuestra competencia». En ese año la empresa había adoptado ya medidas de seguridad adicionales, por ejemplo la colocación en las plantas de equipos de respiración autónomos y oxígeno medicinal.

Prestaron también declaración cinco ingenieros del Laboratorio Oficial Madariaga, al que la Vasco encargó un informe sobre cumplimento normativo. Declararon los ingenieros Carlos Martínez, Camilo Cano, Juan Carlos Sancho, José Luis Lorenzo y Juan Casín Noya, que insistieron en que las conclusiones de su informe, pese a ser encargado por la empresa, fueron «libres, independientes e imparciales»; y que se cumplía toda la normativa vigente en la explotación minera.

Realizaron el informe con la documentación enviada por la empresa, y entraron primer a un taller similar al accidentado y en diciembre de 2013 al que había sufrido la invasión de grisú. No valoraron las causas del accidente. El laboratorio oficial concluyó que la empresa no incumplía «ningún reglamento, instrucciones técnicas, disposiciones internas de seguridad o prescripciones de Minas. También señalaron que aplicaba en el taller la DIS de explotación en virgen sin minados superiores, aunque defienden que no era en virgen, porque sí había explotaciones en las plantas de arriba. Indicaron también que los partes de trabajo presentados por la empresa recogían cómo cuando aparecía bóveda se avanzaba sin sutirar.

Por último prestó declaración Manuel José Camino Llerandi, ingeniero que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de León designó para realizar un informe independiente a petición de la empresa sobre las causas del accidente, por el desacuerdo con las conclusiones de la autoridad minera.

Explicó las medidas que se establecen para la desgasificación (que se realizan en las galerías, no en los talleres) y la velocidad de desorción en un macizo grisuoso como el de la Vasco, y también con carbón especialmente duro, que necesita voladuras y disparos para romper y soltar gas. Señaló también la influencia de la inclinación de la capa (en este caso un 65%) en la aparición y dificultad de hundimiento de las bóvedas, y defendió que el taller de la 7ª Este había contactado ya con minados superiores, por lo que se había abierto una vía de salida al metano.

Considera que no se produjo hundimiento de bóveda, por la cantidad de gas que salió, porque lo hizo con mucha fuerza durante varias horas y porque «los golpes de techo son más propios de capas con otras inclinaciones». Además, el ruido de una rotura de bóveda es «fuerte, como un estruendo» y lo que oyeron en otras plantas del Pozo Emilio fue «como un metralleo, propio del gas». Descarta en todo caso que se produjera un derrabe gaseado, y sí un desprendimiento instantáneo.