El juicio de la Vasco enfila su final con la pugna sobre la previsibilidad del accidente

No tanto la causa del accidente, sino si era evitable porque había muchos indicios de peligrosidad o fue inevitable y se tomaron las medidas necesarias para proteger a los trabajadores, es el argumento que centra el turno de conclusiones finales de la veintena de abogados de las acusaciones y las defensas en la vista oral por el accidente que el 28 de octubre de 2013 causó la muerte a seis mineros y heridas a otros nueve que acudieron a rescatarles.

Las acusaciones argumentan que se han presentado múltiples periciales que tratan de concluir «que todas las actuaciones que se llevaban a cabo en ventilación, avance del taller, sutiraje, disparos al techo,... encuentran amparo en normas, DIS, ITC,etc.». Sin negar ese cumplimiento normativo, «eso en modo alguno puede eludir» la responsabilidad de garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Los letrados de las acusaciones particulares han basado sus argumentos técnicos en el informe del perito judicial, como hizo el día anterior el fiscal; y consideran probado que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para proteger a los mineros. «La mina avisa», repitieron, para repasar una vez más las señales que indicaban que podía producirse un accidente como el que finalmente ocurrió.

Consideran también que la frecuencia de las situaciones de peligro hizo que los trabajadores las «normalizaran». Y que se incumplió la normativa para no parar el taller, porque preocupaba más la producción que la seguridad. Destacaron también la «relación económica y académica» de los peritos presentados por la Vasco, lo que a su modo de ver desvirtúa las conclusiones presentadas; y recordaron los despidos de los ingenieros en abril del año del accidente y las represalias que se tomaban contra quienes protestaban.

Mantienen su acusación contra los vigilantes, a los que consideran clave en la cadena de mando de transmisión de los problemas a sus superiores; y también las reclamaciones al resto de las aseguradoras y la empresa, porque lo abonado por Mapfre es el mínimo reconocido por el fiscal, con lo que no están de acuerdo.

Las defensas

Por su parte los letrados de las defensas insistieron ayer en que no son imputables delitos penales (por homicidio y lesiones imprudentes) porque el accidente fue fortuito y era de todo punto imprevisible e incontrolable. «Si nadie sabe qué pasó, difícilmente puede haber una sentencia condenatoria», concluyó uno de los letrados al argumentar que no hay acuerdo entre los muchos ingenieros que han declarado en estos dos meses y sus informes sobre las causas del accidente.

Los abogados han defendido no sólo la organización de seguridad de la empresa y su actualización y ajuste a la legalidad, ya que era aprobada anualmente por la autoridad minera autonómica y ha sido ratificada en las preceptivas auditorías bianuales que se realizaban y por los distintos ingenieros que han estudiado el accidente. Desde expertos en normativa de seguridad hasta investigadores en fenómenos gasodinámicos, y en proyectos europeos en los que participaba la Vasco, lo que en su opinión demuestra que «la seguridad no sólo era una tradición en la empresa, sino un empeño en la actividad del siglo XXI».

Respecto al temor y las alertas que declararon los trabajadores, las defensas insisten en que pese a que había órganos para recibir las quejas y tramitarlas «nadie ha demostrado que éstas se realizaran». Y consideran que las acusaciones de represalias son «un argumento inquisitorial para poner al malo de la peli». Las defensas repasaron también las distintas responsabilidades que legalmente se atribuyen a los cargos de los ingenieros responsables, vigilantes, etc.

Reiteraron su petición de nulidad de prueba del perito judicial. El Juzgado de Instrucción 4 de León ordenó que sólo fuera un técnico el que realizara el informe, pero en la declaración de Pedro Riesgo quedó en evidencia que él solo, que fue el designado, no pudo hacerlo y contó con un equipo. Que además aportó en la última declaración del juicio oral nuevos datos que no fueron comunicados con anterioridad a las defensas.

Consideran también que hay que aplicar a sus defendidos el atenuante de resarcimiento del daño, ya que Mapfre ha pagado las indemnizaciones; y de la dilación indebida del procedimiento.

«Han sido diez años de familias rotas, pero también diez años de hostigamento y acoso a los acusados», concluyó uno de los abodados.