Juezas: pioneras que abrieron puertas

La noticia del cumplimiento de los 115 años de andadura del DIARIO DE LEÓN ha traído a mi cabeza una reflexión sobre los múltiples cambios que la prensa ha experimentado en el último siglo, especialmente con la digitalización, pero, acto seguido y por evidente deformación profesional, han venido también a mi mente los que ha experimentado la justicia en estos 115 años. Si uno revisa la Gaceta de Madrid de 1906, el antecedente del actual BOE (Boletín Oficial del Estado), encontrará un apartado de nombramientos judiciales, en el que no aparecerá el de ninguna mujer como jueza o magistrada. La razón es bien sencilla y es que algunos de los cambios más significativos no son tan antiguos, sino relativamente recientes.

Todavía recuerdo la impresión que me produjo el día que fui consciente de que hasta 1966 las mujeres no podían acceder a las oposiciones para ingresar en la carrera judicial o fiscal. Solo en un breve período, durante la Segunda República, se permitieron nombramientos, con carácter interino, en las carreras judicial y fiscal, obviando el impedimento de sexo y las fuentes destacan sólo dos casos, el de María Luisa Algarra, como jueza y el de Elvira Fernández-Almoguera Casas, como abogada fiscal. La ley sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer de 22 de julio de 1961, estableció en su artículo 3, que las mujeres, en las mismas condiciones que los hombres, podrían participar en oposiciones, concursos-oposiciones y cualquier otro sistema para provisión de plazas públicas, lo que supuso un gran avance, si bien, acto seguido, añadía las excepciones a esa igualdad de condiciones: las mujeres no podían ingresar, entre otros ámbitos, en la administración de Justicia en los cargos de magistrados, jueces y fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de menores y laboral. Hubo que esperar hasta que por otra Ley de 28 de diciembre de 1966, como si de una inocentada se tratara, se suprimiese dicha excepción y con ella se permitiese el acceso de la mujer a los indicados cargos. Así, el 23-1-1978 tomaba posesión de su plaza Josefina Triguero Agudo, previo ingreso en la carrera judicial en 1977. Antes de dicha ley el término jueza se utilizaba en ocasiones para referirse a la esposa del juez, algo que, a la inversa, actualmente, nos resultaría cuando menos chocante.

Pero no fue hasta otro 23 de enero, el de 2002, cuando otra mujer, en este caso María Milagros Calvo Ibarlucea, accedía como magistrada a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho tribunal, tribunal que, dicho sea de paso y con los consiguientes cambios, existía desde hacía 190 años. Sólo han transcurrido desde entonces 19 años, en los que las mujeres hemos pasado a integrar más de la mitad de la carrera judicial, el 54%, según los últimos datos. Este panorama se repite cuando de la carrera fiscal se trata. No es este el momento ni el espacio para iniciar un debate sobre la drástica reducción que sufre ese porcentaje cuando se revisan los altos cargos del poder judicial y sus causas, sino para poner de relieve lo mucho que se ha avanzado y lo mucho que queda por recorrer, desempeñando los medios de comunicación un papel fundamental para transmitir a la sociedad los cambios que se han ido produciendo y su evidente transcendencia. Por ello, he querido aprovechar esta oportunidad para evocar a esas pioneras de un servicio público, como es la justicia, en el que cada día, codo con codo con nuestros compañeros, tantas de nosotras, ponemos nuestro granito de arena por evidente vocación hacia una profesión en la que, hasta hace bien poco, teníamos la puerta cerrada.

El aniversario del DIARIO DE LEÓN supone una oportunidad también para que se conozca esa otra cara de la justicia, más moderna y actual, muy alejada del señor de pelo blanco, con mazo y campanilla que todavía hoy los niños identifican con la imagen del juez y así lo comprobamos cuando acuden de visita a los juzgados con sus colegios. Pues bien, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se trata de conocer que, detrás de la toga, hay hombres y mujeres, muchas mujeres, que somos también madres de familia en muchos casos, que hablamos de forma comprensible, que hacemos nuestro trabajo de la mejor manera que podemos con los medios con los que contamos, que nos preocupa el retraso de la justicia cuando lo hay, como también preocupa el retraso de la sanidad o los problemas relativos a la educación; que estudiamos cada uno de nuestros casos con la plena conciencia de que detrás hay un problema que urge resolver, un problema familiar, laboral, una disputa vecinal, el reparto de una herencia, una reclamación económica, un delito leve, menos grave o grave , a los que hay que dar, no cualquier respuesta, sino la justa para el caso, función que desempeñamos y seguiremos desempeñando con la misma dedicación, vocación e ilusión con la que lo hicieron esas pioneras cuando nos abrieron las puertas.